El nombre de Víctor Moreno Catena figura desde hace décadas entre las principales referencias del derecho procesal y penal en España. Catedrático, abogado y especialista en garantías constitucionales y funcionamiento de la Justicia, su perfil combina una amplia trayectoria académica con experiencia institucional y ejercicio profesional en causas complejas. El penalista es en quien José Luis Rodríguez Zapatero ha confiado su defensa tras la imputación acordada por la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra.
Moreno Catena, nacido en 1953, desarrolló buena parte de su carrera universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, donde fue catedrático de Derecho Procesal y actualmente es profesor emérito. También impartió docencia en las universidades de Santiago de Compostela y Sevilla.
A lo largo de su trayectoria ha participado en distintas iniciativas de reforma de la Justicia y ha formado parte de organismos técnicos vinculados al ámbito jurídico. Entre otros cargos, fue subsecretario y secretario general técnico del Ministerio del Interior, además de vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
Especialista en derecho penal económico y garantías procesales
En paralelo a su actividad académica, Víctor Moreno Catena ejerce como abogado penalista y está vinculado al despacho Moreno Catena & Venturi Abogados, especializado en litigación penal y derecho penal económico.
También preside la Unión Española de Abogados Penalistas y ocupa la vicepresidencia de la Federación Europea de Abogados Penalistas.
Su nombre está especialmente asociado al estudio del proceso penal, el derecho de defensa, la prueba ilícita, las garantías constitucionales y el funcionamiento de los tribunales en procedimientos complejos.
Referencia doctrinal en el ámbito procesal
Moreno Catena es además autor y coordinador de numerosos manuales y publicaciones jurídicas utilizados en facultades de Derecho y oposiciones judiciales.
Su perfil técnico le ha convertido en una voz habitual para analizar macrocausas penales, investigaciones de corrupción y debates sobre el alcance de los autos judiciales, la validez de los indicios o las garantías procesales en investigaciones de gran impacto político e institucional.