QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han interpuesto un recurso de reposición ante las instrucciones emitidas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto al paro programado, alegando que estas infringen el derecho de huelga de los fiscales.
El recurso se presentó en respuesta al documento que García Ortiz envió a los fiscales jefe el 27 de junio, previo a la huelga programada para los días 1, 2 y 3 de julio, indicando que el Ministerio Público no reconocería la convocatoria de huelga ni establecería servicios mínimos, siguiendo el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el documento, García Ortiz enfatizó la necesidad de asegurar la realización de «aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos». Específicamente mencionó la importancia de atender los casos ya programados para las fechas mencionadas.
Además, instruyó a las jefaturas para que informen a la Inspección Fiscal sobre cualquier incidente relacionado con la prestación de servicios del Ministerio Fiscal en esas fechas.
Según el recurso, al que Europa Press tuvo acceso, las asociaciones consideran que estas directrices constituyen una «infracción» al derecho fundamental de huelga, el cual permite la suspensión colectiva de actividades laborales como medida de presión legítima. Argumentan que, aunque el derecho a la huelga puede tener restricciones, estas deben ser claras y justificadas para no vulnerar su esencia.
Destacan además la «contradicción» en la actitud de García Ortiz, quien se negó a establecer servicios mínimos, divergiendo de las prácticas anteriores de la Fiscalía General del Estado. Recuerdan que en 2018, con una huelga similar, se emitieron directrices distintas que contemplaban el seguimiento y establecimiento de servicios mínimos para evitar daños irreparables.
Las asociaciones exigen la anulación de las instrucciones de García Ortiz, advirtiendo que su mantenimiento podría disuadir a los fiscales de ejercer su derecho a huelga, afectando irremediablemente sus intereses.
