QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto una sentencia de cuatro años de cárcel para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, acusado de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones destinadas a empresas de comunicación. Por otro lado, para Juan Enrique Adell Bover, su socio, se ha pedido una pena de tres años de prisión.
El escrito de acusación ha sido presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de València, con información adelantada por Las Provincias y confirmada por Europa Press.
«Fiscalía cree que, en el caso de Francis Puig, procede imponer, por el delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, cuatro años de prisión y multa de diez meses, –a razón de 20 euro por día– e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago de la multa.»
Además, se contempla una responsabilidad civil por parte de Francis Puig, quien deberá indemnizar a la Generalitat Valenciana y a la Generalitat de Cataluña por un total de 110.691,97 euros, correspondientes al fraude cometido a través de Masmut Produccions SL entre 2015 y 2018. Juan Enrique Adell Bover también deberá contribuir de manera solidaria a esta indemnización, con una suma de 74.710,75 euros.
El juez del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha dictado un auto de procesamiento para ambos administradores, en relación con las subvenciones recibidas para el fomento del valenciano en medios de comunicación. Se descarta el delito de fraude en subvenciones al no alcanzar la cantidad indebidamente percibida el mínimo legal de 120.000 euros.
El auto de procedimiento abreviado indica que se han utilizado «facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover».
