La candidata propuesta por el Gobierno para el puesto de fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha instado este jueves al Congreso a dar luz verde a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que traspasaría las investigaciones penales a los fiscales, mientras ha exigido más autonomía y un aumento de plazas para enfrentar la reforma. “Aspiramos a más”, ha declarado.
Peramato ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Comisión de Justicia, la cual evalúa su competencia y adecuación para dirigir el Ministerio Público. Es relevante recordar que García Ortiz dimitió de este cargo después de ser inhabilitado por dos años debido a un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, compañero sentimental de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“Quiero hacer desde aquí un público llamamiento al consenso parlamentario, para que este hito histórico, esta norma transformadora de nuestra vetusta justicia penal, sea aprobada desde el diálogo y el acuerdo en favor del superior interés de la sociedad española”, ha enfatizado Peramato.
La reforma, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, asignaría a los fiscales las investigaciones penales que antes eran responsabilidad de los jueces de instrucción. Según Peramato, el Ministerio Fiscal está “sobradamente preparado” para este cambio y cuenta con “la experiencia necesaria para asumir este desafío con la mayor eficacia y rigor”.
“Tienen ahora, señorías, la oportunidad de culminar este perentorio y ya demasiado largo proceso”, ha dicho, tras subrayar todas las veces anteriores en que se intentó avanzar con una nueva LECrim.
Además, Peramato ha subrayado la necesidad de un replanteamiento en la normativa que regula el Ministerio Fiscal y el fortalecimiento de su autonomía e independencia en todos los ámbitos: organizativo, funcional, presupuestario, formativo y también digital.
En este contexto, ha afirmado que, de asumir la dirección de la Fiscalía, se comprometerá a garantizar la “autonomía individual de las y los fiscales” a través de “una mayor clarificación, homogeneización y transparencia del régimen de dación de cuenta, discrepancias, toma de decisiones y formación de criterio de la Fiscalía”.











