El juicio por el caso de las mascarillas entra en su fase final con posiciones divergentes entre la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular sobre la pena que debe imponerse al empresario Víctor de Aldama, una de las figuras clave de la trama.
El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones sin modificar las penas solicitadas: 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama.
La decisión de mantener esta pena resulta clave, ya que una rebaja podría facilitar que el empresario evitara el ingreso en prisión.
El PP rebaja su petición y apela a la colaboración
En paralelo, la acusación popular liderada por el PP ha optado por reducir su petición para Aldama hasta los cinco años y dos meses, aplicando una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración ante el Tribunal Supremo.
El abogado del partido, Alberto Durán, ha defendido que esta rebaja se justifica por la colaboración del empresario con la justicia, al considerar que ha contribuido a esclarecer otras posibles actuaciones delictivas.
Más allá de la pena total, el elemento determinante es que ninguno de los delitos por separado superaría los dos años de condena, lo que abriría la puerta a que Aldama no tuviera que ingresar en prisión si el tribunal adopta esta interpretación.