La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido aplazar el juicio contra los seis procesados por prostituir y someter a condiciones de esclavitud a dos jóvenes extranjeras, a las que habrían engañado para que volaran desde Colombia a Mallorca, con el fin de dar más margen a las partes para cerrar un posible acuerdo.
La vista oral debía arrancar en la mañana de este lunes en la Sección Segunda. Sin embargo, las acusaciones y las defensas, presentes en la sede judicial, han estado intentando alcanzar una conformidad que finalmente no se ha podido concretar en esta primera sesión.
Ante la falta de un consenso definitivo, el tribunal ha optado por suspender la vista y conceder más tiempo para la negociación. La previsión es que este martes las partes regresen a la Audiencia Provincial, bien para formalizar el pacto o, si no se logra, para fijar una nueva fecha para el juicio, dado que uno de los letrados se encuentra enfermo y ha informado de que no puede asistir a la celebración del mismo.
El principal obstáculo para cerrar la conformidad reside en el abono de los 10.000 euros de indemnización que la Fiscalía reclama que la principal acusada pague a cada una de las dos perjudicadas.
El Ministerio Público interesa que los seis procesados sean condenados a un total de 48 años y cuatro meses de prisión y al pago de 633.500 euros entre multas y responsabilidad civil, como presuntos autores de delitos de recaptación, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de trata de seres humanos, de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y de blanqueo de capitales.
La mujer señalada como líder del grupo y principal beneficiaria del entramado se enfrenta a la mayor parte de la pena global: 22 años y cuatro meses de cárcel, además de una multa de 413.500 euros y una indemnización de 20.000 euros.
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se habrían producido entre 2014 y 2019. Una de las actividades centrales de la organización consistía en captar en Colombia a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad y engañarlas para que se trasladaran a Mallorca.
Una vez llegaban a la isla, contraían una “servidumbre por deudas” con los acusados, que las forzaban a prostituirse en condiciones “cercanas a la esclavitud”. Debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, y no recibían ningún pago directo, ya que todo se destinaba a amortizar la supuesta deuda.
En esas circunstancias, permanecían al menos dos meses hacinadas en una única habitación de un piso de Palma y obligadas a consumir cocaína.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, esta fue la situación que sufrieron las dos jóvenes reconocidas como víctimas y que figuran como testigos protegidos en el procedimiento.
A comienzos de 2019, las dos mujeres intentaron viajar desde Colombia a Mallorca bajo engaño, simulando que venían a la isla por motivos turísticos. No obstante, fueron interceptadas en un control fronterizo en Alemania y deportadas de nuevo a su país.
La cabecilla de la red —formada por cinco mujeres y un hombre—, a través de otra de las procesadas, les comunicó que habían contraído una deuda de ocho millones de pesos con ella y que, si no devolvían esa suma, las “mandaría a cobrar”, una expresión que en Colombia equivale a “matar”.
Atemorizadas por las posibles represalias, emprendieron un segundo viaje a Mallorca, donde, siempre según la acusación, fueron explotadas sexualmente por los miembros de la organización.
El resto de acusados asumía funciones diversas: captación de las mujeres, administración del piso donde eran prostituidas, suministro de sustancias estupefacientes y vigilancia de las víctimas.
Blanqueo de capitales mediante negocios ficticios
Paralelamente a la trama de trata de seres humanos, la supuesta líder desarrollaba otras actividades ilícitas para incrementar sus ingresos y dar apariencia legal al dinero obtenido.
Por un lado, regentaba una tienda de compra de oro en la que adquiría joyas y otros objetos robados por terceros para revenderlos después, con lo que habría obtenido alrededor de 300.661 euros. En el registro del local, los investigadores hallaron joyas de oro, relojes Rolex, gafas de sol y bolsos de firma.
Por otro lado, puso en marcha dos sociedades ficticias sin actividad real, denominadas Librería Mallorca y Librería Menorca, y vinculó a sus cuentas bancarias datáfonos y terminales de punto de venta.
Mediante este sistema, entre 2015 y 2019 habría blanqueado aproximadamente 516.411 euros procedentes de la explotación sexual de las dos víctimas. Además, abonó en efectivo la reforma de varios inmuebles, incrementando su valor, amortizando préstamos hipotecarios y adquiriendo otros seis bienes en Palma.
Con este mecanismo, sostiene el fiscal, la acusada logró “limpiar” en torno a 191.000 euros, de los que 172.000 se reinvirtieron en el mercado ilícito a través de la compra de los citados inmuebles. Para ello contó con la colaboración de su madre, también procesada, que habría recibido 91.044 euros.