El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, presidido por el magistrado José Manuel Nicolás, ha decidido este miércoles aplazar la vista oral contra dos sociedades mercantiles y un empresario agrícola, acusados de un presunto delito contra el medio ambiente en el Mar Menor cometido entre 2015 y 2017.
La suspensión se produce por la inasistencia "justificada" del ecotoxicólogo forense Luis Murillo, especialista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, considerado el perito fundamental en este procedimiento.
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, este experto elaboró el informe pericial después de que la Guardia Civil detectara la existencia de desaladoras sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena.
El dictamen de Murillo concluyó que el agua desalada generó un grave riesgo para la calidad de las aguas de la laguna y, a través de estas, para la fauna y la flora del ecosistema, constituyendo "una causa principal de deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor", según recoge el Ministerio Público.
El fiscal del área de Cartagena, Miguel de Mata, ha pedido la suspensión del juicio al no poder prescindir de la "prueba estrella" de la causa, ya que su informe técnico acredita el daño que configura las condiciones del tipo penal imputado.
A esta solicitud se han sumado sin objeciones las acusaciones particulares, entre las que se encuentran los Ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San Javier, así como personaciones civiles que integran al Ayuntamiento de Murcia y a colectivos ecologistas como Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Comisión Promotora de la ILP, la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace España y Alianza Mar Menor Amarme.
Las partes personadas han rechazado dividir el juicio en varias sesiones para proteger los principios de unidad de acto e inmediación, y han descartado igualmente la opción de practicar la pericial como diligencia final.
El magistrado presidente ha acordado el aplazamiento ante la ausencia de una "previsión cierta" sobre el momento en que podrá comparecer el perito forense, apoyando la resolución en la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y evitar la indefensión de cualquiera de las partes.
Los letrados de la Administración de Justicia fijarán ahora una nueva fecha para la celebración del juicio en función de la agenda ya programada.
En esta causa, la Fiscalía de Área interesa para el principal acusado una condena de 7 años de prisión, una multa de 9.000 euros y el pago de indemnizaciones que ascienden a 506.137,44 euros por los daños causados al dominio público marítimo e hidráulico.
Por otro lado, la acusación particular reclama multas que suman 1.012.274,48 euros y la suspensión de la actividad empresarial durante tres años, además de una indemnización superior a medio millón de euros.