QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha decidido permitir, aunque «muy condicionadamente», la declaración de cinco mandos policiales vinculados con la conocida como ‘Operación Cataluña’, entre ellos el excomisario jubilado José Manuel Villarejo.
El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, lo ha comunicado este miércoles durante la cuarta jornada de la vista oral. De Prada ha precisado que «se citarían a los cinco testigos en la misma sesión» porque no desea que se genere «un proceso dentro del proceso» que desvíe el objeto principal del juicio.
El magistrado ha planteado a las defensas que, en lugar de centrar el debate en la comparecencia personal de Villarejo, aporten su versión «como una documental», esto es, «por vía de testimonio» incorporando la declaración íntegra o «aspectos concretos» de la misma al procedimiento.
En paralelo, ha recordado que la investigación sobre la ‘Operación Cataluña’ se tramita en un juzgado de Andorra, donde se analiza si en 2014 hubo presiones desde el Gobierno español sobre las autoridades del Principado para acceder a información bancaria custodiada por Banca Privada de Andorra, una de las entidades donde, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el ‘clan’ Pujol habría mantenido fondos ocultos.
Por ello, De Prada ha calificado de «excesivo» abrir nuevas diligencias específicas relativas a la ‘Operación Cataluña’, descrita como una supuesta trama de espionaje dirigida contra dirigentes independentistas. A su juicio, la práctica de esas diligencias «va a ser ineficaz» y «no nos lleva a ningún lado», por lo que ha frenado que el juicio derive hacia esa línea.
La defensa de Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, había solicitado la nulidad de la causa en las cuestiones previas, alegando que la forma en que trascendieron los datos bancarios de la familia a los medios vulneró sus derechos.
«Existen informes del comisario José Manuel Villarejo sobre el denominado sumario Pujol. Y en estos informes, y muy particularmente sobre las cuentas bancarias andorranas, el propio Villarejo vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por ‘El Mundo’ el 7 de julio de 2014», recordó la letrada en la primera sesión del juicio.
El proceso se abrió el pasado 24 de noviembre contra el expresidente Jordi Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, a quienes se atribuye haber constituido una supuesta organización criminal que habría amasado un importante patrimonio durante décadas aprovechando su influencia política y realizando actividades corruptas.
El tribunal, presidido por De Prada e integrado también por las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, enjuicia a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Al término de esta cuarta sesión, De Prada ha adelantado que el juicio se reanudará el próximo 12 de enero de 2026.
La Fiscalía rechaza que haya una investigación prospectiva
En la sesión del 26 de noviembre, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo negó que se hubieran producido «supuestas maniobras irregulares» en el procedimiento por el presunto enriquecimiento ilícito de los Pujol, replicando así a las defensas que sostienen que el caso tendría un origen político. «Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad», afirmó.
Bermejo defendió que «lo que no se puede hacer» es introducir elementos «de índole político» en un debate «procesal, jurídica y sustantiva» como el que se ventila en la Audiencia Nacional.
En la misma línea, rechazó que el magistrado instructor José de la Mata hubiera llevado a cabo una «investigación prospectiva», al entender que existían «indicios concretos» de la posible comisión de delitos. Entre esos indicios citó los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la información de la base de datos de la Agencia Tributaria y el comunicado difundido por el propio patriarca en 2014, en el que reconocía tener fondos en el extranjero.
Anticorrupción reclama hasta 29 años de prisión
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente de la Generalitat una condena de 9 años de prisión y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos reclama penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel, de acuerdo con su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.
La mayor petición recae sobre el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien se interesan 29 años de prisión y una sanción económica superior a 6,5 millones de euros. Para su exesposa, Mercè Gironès, a la que el Ministerio Público atribuye haber compartido el patrimonio generado por su entonces marido, reclama 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
Además de las sanciones económicas individuales, la Fiscalía solicita que la familia Pujol restituya el dinero que habría manejado de forma ilícita, una cantidad que supera los 45 millones de euros.
Para el resto de acusados, fundamentalmente empresarios que habrían colaborado en las operaciones, Anticorrupción pide penas de entre dos y tres años de prisión por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso medial con blanqueo de capitales, así como multas que van desde 200.000 euros hasta 8 millones.
