La Audiencia Nacional comienza este lunes el juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y el abogado Antonio Erico Chávarri por el encargo que, según la investigación, realizó este último y que habría consistido en indagar sobre un empresario a cambio de más de 400.000 euros.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama 12 años de prisión para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
La acusación también se dirige contra Redondo, para quien se solicitan 4 años y 6 meses de cárcel por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. En cuanto a Chávarri, se enfrenta a una petición de 7 años de prisión por los mismos delitos que se le atribuyen al comisario jubilado.
Anticorrupción explica que el “proyecto Grass”, desarrollado entre finales de 2012 y finales de 2013, “se centró en la investigación realizada por Villarejo de posibles actuaciones irregulares o ilícitas llevadas a cabo por Luis Pérez Gil, quien intervenía como administrador concursal en el procedimiento concursal de la mercantil Acisclo Gestión de Patrimonios y por Joaquín Molpeceres Sánchez, quien era el principal acreedor de la concursada”.
Villarejo, que en ese periodo era comisario de la Policía Nacional en activo, habría intervenido “ante las sospechas de Chávarri de que ambos pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento”.
“Asimismo, el objeto del encargo realizado por Chávarri y aceptado por Villarejo vino referido a la obtención de todo tipo de información personal, incluida la relativa a eventuales actuaciones irregulares en que ambos pudieran haber intervenido y ajenas al procedimiento concursal, sobre Molpeceres y Pérez que pudiera ser utilizada por el propio Chávarri Aricha para mejorar su posición en el procedimiento concursal que afectaba a su sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios”, recoge la Fiscalía.
El rastreo de llamadas telefónicas
En el marco de la ejecución de ese encargo, Anticorrupción detalla que Villarejo y Redondo accedieron a los tráficos de llamadas entrantes y salientes de Pérez correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2012 y el 13 de octubre de 2012. “Dichos tráficos de llamadas, a su vez, fueron facilitados por Villarejo Pérez y Redondo a Chávarri”, añade el escrito.
Por estos trabajos, Chávarri “abonó entre 2012 y 2014 a CENYT y a Stuart & Mckenzie, integradas ambas en Grupo CENYT, cuyo titular real era Villarejo, la cantidad total de 411.400 euros”.
“A cuenta de los servicios prestados por la ejecución del ‘proyecto Grass’, Villarejo y Redondo, por un lado, y Chávarri, por otro, manipularon los conceptos de las facturas, haciendo constar que los servicios prestados respondían a servicios de auditoría de seguridad de sistemas de información, identificación y propuesta de solución de 3 vulnerabilidades y a una colaboración profesional, ocultando, con ello, que se trataba de servicios de investigación prestados por un funcionario público en servicio activo”, precisa el Ministerio Público.
Otros procedimientos de la macrocausa
La Audiencia Nacional ya ha dictado varias condenas previas contra Villarejo por distintos encargos de la macrocausa ‘Tándem’. Por las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ —el primer juicio celebrado contra él en este procedimiento— la AN le ha impuesto 13 años de prisión. Además, fue condenado a 3 años de cárcel por el “proyecto July”.
La vista que arranca ahora se celebra apenas una semana después de que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional haya absuelto a Villarejo por los trabajos encargados por Repsol y La Caixa para obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescritos los delitos que motivaron una condena inicial de 8 años de prisión.
Los magistrados estimaron así los recursos interpuestos por Villarejo y por Redondo —al que se le habían impuesto 6 años de cárcel— contra la sentencia dictada en mayo por la Sección Cuarta de la propia AN, que les condenó por el “proyecto Wine” del “caso Tándem”.
El excomisario también ha resultado absuelto en la pieza conocida como “proyecto Saving” y en otra causa relativa a una investigación sobre un empresario de Marbella.











