Begoña Gómez afronta un nuevo encuentro con el juez Peinado con vistas a un juicio por jurado

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a una reunión el lunes a las 17:30 horas para notificarle que, en caso de ser juzgada, enfrentará un juicio por jurado popular por todos los delitos investigados, entre ellos tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y no solo por la presunta malversación inicialmente prevista.

Esta será la sexta ocasión en que Gómez es llamada por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En sus primeras comparecencias optó por el silencio, mientras que en las siguientes respondió exclusivamente a preguntas de su defensa. La última vez, el 27 de septiembre, no asistió y fue representada por su abogado, el exministro Antonio Camacho. En esa fecha, se le informó de la posibilidad de un juicio por jurado para la pieza separada de malversación, relacionada con las actividades de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Para este lunes, además de Gómez, están citados Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, siendo obligatoria su presencia con abogado. No obstante, la defensa anticipa que Gómez podría no presentarse, similar a su última cita.

En el ámbito legal, se espera que las defensas soliciten el archivo del caso, mientras que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, podrían pedir nuevas diligencias. Además, Iustitia Europa sugiere imputar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que requeriría que Peinado presente una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

Desde abril de 2024, cuando se inició la investigación principal tras una denuncia de Manos Limpias, Gómez ha sido investigada por múltiples delitos. Recientemente, la Audiencia de Madrid ha validado la continuación de las investigaciones sobre contratos sospechosos y una cátedra en la UCM, aunque también anuló un registro por falta de fundamentación.

Gómez ha negado irregularidades, afirmando que las cartas de recomendación que firmó son usuales y no favorecían específicamente a ninguna empresa. También ha defendido que no cometió delitos en la gestión de la cátedra de la UCM, y su defensa argumenta que, como esposa del presidente, no ejerce funciones públicas que la hagan susceptible de malversación.