QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El letrado de Begoña Gómez, el antiguo ministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que posponga la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno programada para el 11 de septiembre y establezca una nueva fecha, dado que ese día tiene otro compromiso judicial en Arona (Tenerife).
Este requerimiento se formalizó mediante un documento, accesible a Europa Press, que la defensa remitió el 21 de agosto al juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, tras la decisión de este de imputar a Gómez por un supuesto delito de malversación relacionado con la contratación de Cristina Álvarez como su consejera personal en Moncloa.
‘Este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona’, señala Camacho. Por esta razón, pide que ‘se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica’.
Al documento de solicitud, la defensa añade la resolución emitida por el juzgado canario donde se menciona que está convocado como abogado para unas declaraciones que tendrán lugar el 11 de septiembre, a las 10.30 horas.
LA CITACIÓN DE GÓMEZ
El juez Peinado imputó a Gómez por un delito de malversación el 18 de agosto y la citó a comparecer de nuevo tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que le solicitó enfocar la investigación e identificar los indicios de responsabilidad que podrían atribuirse a la asesora, aunque descartó que la malversación fuese uno de los delitos imputables.
La esposa de Pedro Sánchez ha sido investigada por supuestos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en el contexto de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; su gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la supuesta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
La resolución de Peinado de imputar malversación a Gómez marca un cambio de posición respecto a lo determinado en mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por malversación debido a la contratación de la asesora durante su periodo en Moncloa y excluyó investigar a Gómez y Álvarez por este delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
