Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la supuesta divulgación de información respecto a su caso ha aniquilado su derecho a la presunción de inocencia al calificarlo como “un delincuente confeso”, una acusación que, según él, equivale a una “sentencia popular” y lo transforma en “moneda política”.
En su declaración final, el letrado Gabriel Ramos ha expuesto ante el tribunal supremo que juzga a García Ortiz por la presunta revelación de secretos, que la divulgación de un ‘email’ en el que se proponía un acuerdo con la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión, ha perjudicado gravemente la imagen de González Amador.
“No solo se informó sobre la existencia de un procedimiento penal sino que se comunicó que es un delincuente confeso. Esto equivale a una condena pública”, afirmó Ramos. Además, criticó que esta situación se ha utilizado políticamente, fortaleciendo un “relato institucional” respaldado “día a día por el Gobierno”, con políticos que “ejecutan esa sentencia popular diariamente”, destacó.
Ramos también lamentó que se ha creado “una maquinaria de comunicación” que ha infligido daños significativos, no solo a nivel legal, sino también económicos y personales, a González Amador. “¿Pero qué defensa se va a practicar?”, cuestionó Ramos, haciendo referencia al proceso contra González Amador por fraude fiscal.