QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo miércoles concluye el mandato del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y de otros tres magistrados: la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. No obstante, las previsiones apuntan a que esta renovación parcial no se producirá de forma inmediata, ante la ausencia de incentivos tanto en PP como en PSOE para consensuar otros cuatro candidatos, lo que abocaría a un bloqueo “prolongado”, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Estos cuatro jueces, de los doce que integran el órgano de garantías, fueron elegidos en su día por el Senado, por lo que corresponde a la Cámara Alta poner en marcha el procedimiento para sustituir a este tercio, solicitando a los parlamentos autonómicos que remitan una terna de aspirantes.
El último gesto del Senado se remonta a finales de agosto, cuando su presidente, Pedro Rollán (PP), tuvo conocimiento de una carta enviada por Conde-Pumpido y activó el protocolo interno para que los grupos parlamentarios iniciaran las conversaciones de cara a esta renovación parcial del TC.
Desde entonces, la Cámara Alta no ha dado nuevos pasos y, aunque podría hacerlo en cualquier momento, el calendario electoral en Extremadura, que celebrará comicios el próximo 21 de diciembre, podría alargar los plazos, según fuentes parlamentarias. A esa cita se sumarán otras elecciones autonómicas previstas para el primer semestre de 2026 en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Otras fuentes consultadas por esta agencia de noticias van más allá del factor electoral y aluden a “una crisis institucional galopante” que hace “imposible” cualquier entendimiento entre ‘populares’ y socialistas en la coyuntura actual.
Algunas voces apuntan a que el partido de Alberto Núñez Feijóo podría verse “enormemente perjudicados” en su pugna con Vox si accediera ahora a un pacto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en pleno foco judicial sobre el entorno familiar del presidente y sobre el propio PSOE.
En esta línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reiterado en los últimos días que con el Gobierno de Sánchez no se puede “negociar absolutamente nada” en este momento.
Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado al Partido Popular a fijar “día y hora” para abordar el relevo de estos magistrados, recordando que se trata de una obligación marcada por la Constitución.
Sin embargo, las fuentes consultadas detectan igualmente una falta de voluntad efectiva para alcanzar un pacto, en un escenario en el que el PP se percibe con fuerza y aspiraría a forzar un acuerdo que redujera la actual mayoría progresista en el Constitucional.
En la actualidad, el TC cuenta con 7 magistrados de perfil progresista, encabezados por Conde-Pumpido, frente a 5 conservadores. La renovación implicaría la salida de dos progresistas —el presidente y Balaguer— y de dos conservadores —Macías y Enríquez—. Si los relevos se produjeran con el mismo reparto ideológico, el equilibrio interno seguiría igual, con la ahora vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, como principal candidata a asumir la Presidencia.
No obstante, un pacto que asegurara la continuidad de la mayoría progresista a medio y largo plazo no satisfaría al PP, que confía en un posible adelanto electoral que sitúe a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa y con una amplia mayoría en el Senado —superior a los tres quintos exigidos por ley para designar magistrados del TC—, lo que le permitiría reconfigurar el tribunal con una clara hegemonía conservadora.
En ese contexto, si los ‘populares’ accedieran a negociar ahora, lo más probable es que intentaran incrementar el peso conservador en la corte de garantías, reforzando además el margen de maniobra en los incidentes de recusación, cada vez más habituales en el TC y que con la ley de amnistía alcanzaron un máximo histórico.
Sede de Domenico Scarlatti y efectos del retraso
En la sede del Constitucional, en la calle Domenico Scarlatti, dan por hecho un “retraso prolongado” en la renovación que recortará en la práctica el mandato de los futuros magistrados que resulten elegidos, ya que de los 9 años previstos habrá que descontar el tiempo transcurrido entre el próximo 17 de diciembre y la fecha en que finalmente se formalice el relevo.
En el funcionamiento ordinario del TC, este nuevo bloqueo —que se repite casi de forma cíclica en cada renovación parcial— no alterará el día a día. Los cuatro magistrados cuyo mandato expira podrán continuar en funciones, lo que permitirá mantener el actual equilibrio de 7 a 5.
La “costumbre” en el tribunal es que, durante esa fase de interinidad, se evite resolver asuntos de especial trascendencia, limitándose a tramitar cuestiones de carácter más rutinario. Así se actuó durante la etapa del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, según recuerdan distintas fuentes.
Tras la resolución sobre la ley de amnistía, que obtuvo el aval del TC el pasado mes de junio, el gran asunto pendiente en la corte de garantías son los recursos de amparo registrados por los condenados y prófugos del 1-O, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, frente a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarles la amnistía en el delito de malversación vinculado al ‘procés’.
