La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha advertido de “múltiples deficiencias” en la puesta en marcha de la tercera fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley Bolaños, al generar, entre otros problemas, una “incertidumbre total en el acoplamiento del personal”.
Esta tercera etapa, operativa desde el pasado 31 de diciembre, se aplica en los doce partidos judiciales de mayor tamaño de Andalucía —las ocho capitales de provincia, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril—, donde prestan servicio cerca de 5.000 empleados públicos.
En una valoración remitida a Europa Press, el sindicato expone que “muchos funcionarios desconocen su destino definitivo ya que la Consejería de Justicia continúa corrigiendo errores de los listados provisionales iniciales”. “Esta situación --continúa-- ha provocado que numerosos órganos judiciales sigan funcionando con la estructura anterior y, además, se ha cesado de forma indebida a personal interino, dejando puestos de trabajo vacantes sin justificación”.
De acuerdo con CSIF, la Consejería de Justicia “no tenía preparadas las tareas necesarias para afrontar la tercera y última fase del proceso de transformación judicial”. La organización recuerda que la Junta de Andalucía “no solicitó una prórroga de seis meses para la implantación de la oficina judicial correspondiente a la fase III”, tal y como planteó el propio sindicato. “Esta negativa por parte de la Administración ha hecho que se repitan los errores de desorganización que ya se produjeron en las fases I y II, que ya está dando lugar a modificación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) aprobadas, como es el caso de Fuengirola por su mal distribución del personal en los diferentes servicios comunes”.
En este escenario, CSIF denuncia el “caos organizativo” que padecen los funcionarios y el “grave perjuicio” para la ciudadanía, que “sufrirá las deficiencias del servicio público de la Justicia durante este periodo transitorio”. Asimismo, la central sindical incide en la “falta” de adaptación de espacios e infraestructuras, ya que no se han previsto las modificaciones necesarias en dependencias, salas de vistas ni en servicios esenciales como guardia, menores y violencia sobre la mujer.
La organización sostiene que jueces y letrados de la Administración de Justicia “se han visto obligados a improvisar calendarios progresivos de traslados y adaptaciones durante los meses de enero, febrero y marzo”. Igualmente, CSIF alude a la “desorganización interna y la ausencia de protocolos claros”. “El acoplamiento se ha realizado sin la publicación previa de los manuales de puestos, y algunos de los existentes incluyen funciones y personal sin garantía de adscripción definitiva ya que aún no se cuenta con los listados definitivos”, añade.
A diferencia de las fases I y II, en las que, según el sindicato, sí se produjo un aumento neto de plantilla, la tercera fase se ha puesto en marcha “a coste cero, sin refuerzos de personal ni dotación adecuada de medios materiales”. El sector de Justicia de CSIF Andalucía también ha censurado la “imposición unilateral” de las RPT. En este sentido, CSIF advierte de que “la supuesta eficiencia del nuevo modelo puede traducirse en peores condiciones laborales y un servicio más lento y de menor calidad para la ciudadanía”.