QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Provincial de Almería ha emitido una condena de cuatro años de prisión a un individuo por un delito de detención ilegal, tras haber confinado a su pareja en su hogar durante casi dos jornadas, además de golpearla y amenazarla con la muerte.
El acusado también ha recibido condenas por maltrato y amenazas, perpetrados en la misma situación, incluyendo la prohibición de acercarse o establecer contacto con la víctima, y el pago de una compensación de 6.800 euros.
Según el documento del fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se le requiere realizar 56 días de labores comunitarias por maltratos y otros 56 días por amenazas, también se le prohíbe la tenencia y porte de armas por un periodo de un año y un día por cada delito. No podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con la víctima durante seis años en caso de detención ilegal y tres años por los otros delitos.
Los eventos sucedieron entre el 8 y el 10 de junio de 2022 en un inmueble en Almería, donde la víctima llegó a las 22,30 horas. El acusado, sin antecedentes penales previos, estaba bajo la influencia del alcohol y el cannabis. De acuerdo con la sentencia, él le propinó varios golpes y la sacudió, causándole hematomas en brazos, torso y cara.
En el dormitorio, el acusado la amenazó con frases como «te voy a matar», «estoy loco y te voy a buscar donde vayas» o «te voy a llevar a un cerro, si no tienes miedo ahora, lo vas a tener», generando en la víctima «angustia y desasosiego» por el miedo a sufrir daño físico.
El hombre confiscó su teléfono móvil y las llaves, cerró la puerta con llave y la vigiló para evitar su salida, con «ánimo de posesión y dominación sobre ella». Ella consiguió escapar al convencerlo para salir a dar un paseo y, una vez en la calle, se acercó a un coche con tres ocupantes y aprovechó un descuido para pedir auxilio y refugiarse en el bar donde trabajaba. Poco después, el acusado llegó al lugar «de forma alterada» intentando llevársela nuevamente.
El tribunal consideró como atenuantes la reparación del daño, ya que el acusado había pagado antes del juicio los 6.080 euros exigidos, y su adicción a sustancias, que alteraba parcialmente su capacidad de entender y valorar sus actos. También reconoció la agravante de parentesco, ya que era una relación de convivencia. Además, rechazó aplicar una reducción de pena por una presunta liberación voluntaria de la víctima, basándose en que ella escapó por sí misma y sin ayuda del acusado, apoyándose en su testimonio y el de una testigo que observó su llegada al trabajo.
