El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el conflicto de atribuciones planteado por la mayoría absoluta del PP en el Senado frente al Gobierno y el Congreso de los Diputados, a raíz del "veto" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a varias enmiendas introducidas en la Ley de Movilidad Sostenible.
Según recogen varias disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Pleno del alto tribunal acordó el pasado 11 de febrero abrir el procedimiento para analizar este enfrentamiento entre instituciones del Estado.
Este caso se suma a más de una decena de conflictos de atribuciones promovidos desde la Cámara Alta durante la presente legislatura contra otros órganos constitucionales por distintos motivos, entre los que figuran la Ley de Amnistía y los Presupuestos Generales del Estado.
El origen de la controversia se sitúa en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, donde el PP logró sacar adelante varias enmiendas que posteriormente fueron avaladas por el Congreso de los Diputados. El Gobierno, sin embargo, decidió vetar parte de esas modificaciones al considerar que comprometían el equilibrio presupuestario.
El conflicto institucional se centra en las enmiendas 118 y 148, mediante las cuales se añadían un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
El artículo 61 bis, finalmente vetado por el Ejecutivo, establecía que el Ministerio de Transportes debería habilitar cada año una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado destinada al fomento de la movilidad sostenible, dejando fuera la movilidad en el ámbito urbano e interurbano.