Tribunales

El delegado del Gobierno exige acabar con la “política de cotillón y querella” tras archivarse la denuncia por La Vuelta

La Justicia archiva la denuncia de Manos Limpias por La Vuelta y Francisco Martín reclama el fin de la “política de cotillón y querella”.

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido que se ponga punto final a la “política de cotillón y querella” después de que el Juzgado de Instrucción número 45 haya decidido inadmitir la denuncia presentada por Manos Limpias contra él por los incidentes registrados en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España.

Desde su perfil en la red social X, Martín ha destacado el contenido del auto judicial en el que se recoge que “el delito no existe”. “Lo que existe es el continuo afán de embarrar y despistar de lo importante. No lo lograrán. Basta de política de cotillón y querella”, ha señalado el delegado del Gobierno, insistiendo en que se trata de una estrategia para desviar la atención.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha inadmitido la denuncia al considerar que los hechos relacionados con la organización y gestión del dispositivo policial desplegado en la capital el pasado 14 de septiembre no encajan en ningún tipo de ilícito penal.

En la parte dispositiva, la jueza Luisa María Prieto concluye de forma expresa: “No ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que procede decretar el archivo de lo actuado”.

El escrito judicial añade que “En el presente caso, el delito que se dice cometido, desordenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, no existe”, resaltando que en la denuncia no se describe ninguna actuación voluntaria, imprudente o dolosa que pueda ser subsumida en el tipo penal alegado.

Asimismo, la magistrada precisa que la acusación intenta atribuir al delegado del Gobierno una responsabilidad penal por hechos ejecutados por terceras personas que derivaron en lesiones a agentes de la autoridad, sin que exista base jurídica para ello.