Equipo Económico ha presentado un recurso contra la decisión del juez del "caso Montoro" que instruye la causa en Tarragona, al negarse a remitirla a los juzgados de Madrid, y ha solicitado que se declare a estos últimos como competentes.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del despacho pide a la Audiencia Provincial de Tarragona que deje sin efecto esa resolución y declare "incompetente" al magistrado de Tarragona.
El juez Rubén Rus analiza si desde el Ministerio de Hacienda encabezado por Cristóbal Montoro se promovieron normas destinadas a favorecer a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, bufete cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.
En abril, Rus rechazó la solicitud de varias defensas de investigados que alegaban que el juzgado de Tarragona que dirige la investigación carece de competencia territorial para continuar con la causa.
Tras esta negativa, la representación legal del despacho insiste en que se declare la falta de competencia del actual instructor y argumenta que en el auto impugnado no se menciona "un solo elemento del tipo que haya llegado a producirse en Tarragona", sino que se "alude insistentemente" a que es en esa ciudad "donde aparecen los primeros indicios, lo cual es algo muy diferente".
"Siendo así, los pagos efectuados desde Tarragona constituyen, en el mejor de los casos, actos preparatorios o instrumentales, mientras que la eventual realización de cualquiera de los tipos penales mencionados (concretados en las acciones de "pagar", "influir" e "inducir" a las que se refiere el auto) se situaría en un momento posterior; allí donde ese tercero despliega la verdadera actividad de influencia o intermediación con autoridades o funcionarios", expone la defensa.
Para los abogados de Equipo Económico, "pretender, pese a ello, fijar el lugar de comisión en Tarragona supone confundir el contexto de origen de los fondos con el de ejecución de la conducta típica, desplazando artificialmente la competencia territorial y contradiciendo la propia descripción fáctica que efectúa la resolución".
"Si se sostiene que la influencia o interacción con autoridades se produjo directamente desde las propias empresas radicadas en Tarragona, resulta incierto entonces cuál sería el papel efectivo de mi representada en la supuesta dinámica comisiva", añade el escrito.
En esa misma línea, la defensa recalca que los correos electrónicos localizados en el registro practicado en la empresa Messer, con domicilio en Tarragona, "resultan insuficientes" para "determinar la atribución de la competencia territorial para la instrucción".
El recurso de apelación sostiene que la resolución del instructor "incurre en una contradicción difícilmente salvable en la determinación del lugar de comisión de los hechos", porque "sostiene reiteradamente que los delitos 'se cometen desde Tarragona' por el mero hecho de que allí se encuentra la sede de Messer", pero al mismo tiempo afirma que "es desde allí desde donde se 'paga', 'induce' e 'influencia' a los funcionarios públicos y autoridades de Madrid".
En este procedimiento, el magistrado tiene bajo investigación a personas físicas y jurídicas por posibles delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.