Raúl Quílez, quien ocupaba la gerencia de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) el 29 de octubre de 2024 —la jornada de la trágica dana que causó la muerte de 230 personas— manifestó ante la jueza de Catarroja que se enteró de la convocatoria del Cecopi “por redes sociales”, concretamente a través de Twitter.
En su declaración, subrayó que su cometido se limitaba a “la gestión de la empresa”. “No tenía ninguna responsabilidad operativa ni sobre el servicio ni la gestión de la emergencia ni nada concreto. A mí me llaman y yo voy allí. Luego, días posteriores, sí que cogemos más trabajo con el tema logística”, explicó ante la magistrada.
Estas afirmaciones constan en la transcripción de su testimonio del pasado 13 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa que se sigue por la gestión de la emergencia.
La comparecencia de Quílez se conoce en paralelo a la decisión adoptada este viernes por el pleno del Consell, que ha acordado su cese como director general de Innovación de Emergencias, así como el de su esposa, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez. El propio Quílez ya había presentado la semana anterior su dimisión como director general, una salida que la Conselleria de Emergencias e Interior encuadró en una renovación de la estructura del departamento.
En su testifical sobre lo ocurrido el día de la barrancada, el entonces responsable de SGISE relató que fue a través de las redes cuando supo que se iba a constituir el Cecopi y que llamó al entonces director general de Emergencias, Alberto Martín, “sobre las cinco o cinco y diez de la tarde” para interesarse por si era necesaria su presencia en la reunión, recibiendo como respuesta que no hacía falta. Más tarde, alrededor de las seis, la jefa de prensa se puso en contacto con él para pedirle que acudiera al centro a petición del secretario autonómico, Emilio Argüeso, investigado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas.
Quílez admitió que, al llegar a la sala, se quedó “bastante impactado” al escuchar que se estaba valorando “pasar de una situación 2 a una posible 3 de rotura de la presa de Forata en un par de horas”. “Y eso significaba que podríamos tener un escenario parecido al que pasó, por ejemplo, cuando se rompió la presa de Tous”, señaló ante la jueza.
Precisó también que oyó hablar del envío del mensaje de alerta a la población en torno a las 19.00 horas “por el escenario de Forata”. Igualmente, recordó que Salomé Pradas tenía “dudas en relación con la legalidad” sobre el confinamiento de la población en las zonas afectadas.
En otro pasaje de su relato, situó hacia las 19.20 o 19.30 horas el momento en que “empieza la gente a entrar y salir de la sala con teléfonos y llamando y con llamadas”. “Y yo pues estaba ahí sentado, pues viendo lo que pasaba, con los teléfonos que no nos entraba la información, yo no tenía buena cobertura de móvil, estábamos un poco, yo por lo menos, estaba un poco aislado de mis capacidades”.
Durante el interrogatorio se le plantearon varias cuestiones sobre la presencia y posterior retirada de los bomberos del barranco del Poyo. Preguntado por la jueza si conocía que esos efectivos habían sido enviados a vigilar cauces, respondió: “Sinceramente, yo esa información de lo que luego ha venido de la retirada de los bomberos forestales y me entero días después”.
“Yo no pinto nada ahí” y los vídeos del Cecopi
En otra parte de su testimonio, insistió en que se mantuvo “separado” del trabajo de los técnicos de emergencias porque no era “un actor que tenga que tomar decisiones”. “Yo he trabajado en servicios de emergencia y soy muy disciplinado en esos temas. Conozco muy bien las estructuras jerárquicas y qué hace cada cual. Yo no pinto nada ahí, no pinto nada en la toma de discusiones, estoy de mero espectador por si alguien me necesita, que es para que lo que se me llamó. Yo no intervengo no me acerco, miro desde lejos y no pregunto nada”.
Según el acta de la declaración, tanto la magistrada como varias defensas le interpelaron en repetidas ocasiones por los vídeos del Cecopi grabados por una productora externa.
Vídeos de la productora externa y su envío al conseller
El testigo explicó que, a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por la oposición en febrero de 2025, contactó con la empresa Envidea, le solicitó las imágenes y posteriormente se las remitió “al conseller para su información”. “Pero eso después de la contestación de la pregunta parlamentaria. Ellos tampoco eran conscientes de que esos vídeos existían”, matizó Quílez, quien añadió que recibió el material por correo electrónico en marzo.
La jueza recordó que se había preguntado “específicamente” si existía alguna grabación o acta relativa a la grabación del Cecopi y que Emergencias, a través de Irene Rodríguez, respondió que no. Más adelante, cuando TVE difundió esos vídeos —“afortunadamente”, destacó la instructora—, que formaban parte de unas grabaciones de À Punt, fue posible reclamarlos formalmente. Quílez sostuvo ante la magistrada que “no había interés en ocultar absolutamente nada”.