El juez imputa a Zapatero por el caso Plus Ultra y ordena registros en su despacho y en la empresa de sus hijas

El juez Calama investiga a Zapatero por el caso Plus Ultra, ordena registros y analiza el supuesto uso indebido de 53 millones del rescate a la aerolínea.

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El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido abrir diligencias contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por un presunto delito de tráfico de influencias y otros posibles ilícitos vinculados, entre ellos organización criminal, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

En el marco de esta causa, Calama ha ordenado el registro del despacho del exjefe del Ejecutivo situado en la calle Ferraz, próximo a la sede del PSOE en Madrid, así como de otras tres sociedades mercantiles, una de ellas la empresa de marketing gestionada por las hijas del exmandatario socialista, por su eventual relación con el rescate de Plus Ultra.

El instructor analiza el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en concepto de rescate durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

El juez, que arrancó la investigación del 'caso Plus Ultra' por un posible delito de blanqueo de capitales, ha citado a declarar a Zapatero en calidad de imputado el próximo 2 de junio.

Paralelamente, el magistrado ha acordado levantar el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones, según las mismas fuentes consultadas.

En diciembre pasado, dentro de estas pesquisas, fueron arrestados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que posteriormente remitió la causa a la Audiencia Nacional.

Investigación por el "USO INDEBIDO" del rescate

El procedimiento se origina a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que aludía al "uso indebido" de los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que sostenía que esos fondos "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" integradas en una presunta trama criminal.

La denuncia, dirigida contra siete personas por un supuesto delito de blanqueo de capitales, describía una posible organización criminal con base en Francia, Suiza y España.

Según recogía la Audiencia Nacional en un auto al que tuvo acceso esta agencia, la red la integrarían "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

De acuerdo con Anticorrupción, los fondos de origen ilícito procederían de hechos de malversación atribuidos a funcionarios venezolanos por importes "muy alta cuantía", en concreto de "fondos públicos de programas CLAP" destinados al reparto de alimentos básicos subvencionados, y de "ventas de oro del Banco de Venezuela".

La Fiscalía señalaba que "La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".

Operaciones de oro y presunto blanqueo internacional

Anticorrupción detallaba las "conexiones" de la supuesta organización criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".

En la denuncia se describía la intervención de distintas personas, en ocasiones mediante sociedades mercantiles, para recibir fondos desde el extranjero con la finalidad de adquirir inmuebles, además de la firma de contratos de préstamo a favor de Plus Ultra, que habrían sido devueltos en su totalidad.

El escrito también recogía una operación de venta de oro por unos 30 millones de euros a una compañía de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que otorgó los préstamos, así como el envío de sumas de dinero desde esa misma entidad a otra empresa con cuenta en Panamá, y apuntaba que para las maniobras de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".