El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha sumado un presunto delito de fraude fiscal por 88 millones de euros al empresario que aportó 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo. Esta nueva acusación se añade a los cargos por los que ya está procesado como supuesto líder de la estructura que habría diseñado la presunta estafa piramidal articulada mediante la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor considera que existen “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”.
Detalla que los hechos se habrían producido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”.
Calama concreta que las cuotas presuntamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que en el Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 euros en 2024.
A juicio del magistrado, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”.
Según el auto, la conducta investigada habría consistido en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”.
El juez mantiene la prisión provisional de Romillo
Calama decide igualmente mantener todas las medidas cautelares ya fijadas para los diez procesados --Romillo y otras nueve personas-- al no apreciar motivos para modificarlas en este momento.
En el caso del empresario, conocido como 'CryptoSpain' y en prisión provisional desde noviembre por esta causa, el juez prolonga esta situación para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, subrayando que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”.
El magistrado destaca que un informe de Hacienda constituye la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento dictado en diciembre, en el que ya se apreciaban presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora se suma el de delito contra la Hacienda Pública.
En aquella resolución, el juez situó a Romillo como presunto cabecilla del esquema de la supuesta estafa piramidal articulada mediante la citada plataforma de inversión en criptomonedas.
Entonces acordó el procesamiento de los diez investigados y les impuso una fianza solidaria superior a 247 millones de euros. Les atribuyó haber estafado presuntamente más de 185 millones de euros, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, algunos de ellos representados por Aránguez Abogados.