El Tribunal Central de Instancia ha acordado levantar el secreto de sumario de una pieza separada en el procedimiento abierto para esclarecer si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, junto a otros dos altos cargos de la compañía, incurrieron en un presunto delito de contrabando y en participación por complicidad en otro de lesa humanidad, por la venta de partidas de acero, supuestamente sin autorización administrativa, a una empresa armamentística israelí.
En un auto fechado este miércoles, el magistrado Francisco de Jorge Mesas señala que esta pieza separada se abrió el 8 de enero de 2026 dentro de las diligencias previas 51/2025, tramitadas para investigar el posible delito de contrabando, y que entonces se acordó su carácter secreto, prórroga incluida mediante resolución de 6 de febrero.
Una vez practicada la diligencia de entrada y registro para la que se creó específicamente esta pieza, el instructor decide alzar “totalmente” el secreto que pesaba sobre la misma. Frente a esta decisión cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.
La resolución judicial se dicta un día después de que la Policía Nacional entrara en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia), donde permaneció durante varias horas recabando documentación y datos relacionados con la comercialización de acero a Israel por parte de la siderúrgica vasca.
En relación con esa intervención policial, la compañía subrayó que había colaborado con las autoridades que se habían personado en sus instalaciones para facilitarles “con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen”.
Ya en octubre del año pasado, el entonces juez de la Audiencia Nacional —actualmente Tribunal Central de Instancia—, Francisco de Jorge, decidió abrir investigación al presidente de Sidenor por supuestos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, a raíz de la venta, sin autorización, de lotes de acero a la firma Israel Military Industries (IMSI).
El Tribunal, que mantiene igualmente la investigación sobre otros dos directivos por los mismos hechos, entendía que estos tenían “pleno conocimiento tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento”.
Además, se apuntaba que la operación de venta de acero se habría llevado a cabo “sin haber solicitado autorización del Gobierno ni inscribirse en el registro correspondiente, tal como constaba en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre”.
El 12 de noviembre del año pasado, José Antonio Jainaga y los otros dos responsables de la empresa vasca comparecieron en calidad de investigados en esta causa, que se abrió a partir de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.
Durante su declaración, Jainaga afirmó haber demostrado que Sidenor no había cometido “irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel”, ya que el acero producido por la compañía y exportado a ese país no se encontraba “entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración”.