El Partido Popular aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante la toma en consideración de una proposición de ley que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con la finalidad de “garantizar” que los fiscales puedan intervenir de oficio frente a actos de enaltecimiento o justificación del terrorismo, homenajes a terroristas condenados --ongi etorris-- y episodios de violencia callejera con finalidad terrorista.
El Pleno del próximo miércoles dará luz verde al inicio de la tramitación de esta iniciativa gracias al peso numérico del PP en la Cámara Alta, tras lo cual el texto será remitido al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación parlamentaria.
De acuerdo con la propuesta registrada por los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, se incorpora un nuevo apartado 17 al artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fijar de forma expresa la obligación de la Fiscalía de intervenir sin que sea necesaria una denuncia previa.
En este sentido, el texto establece que “el Ministerio Fiscal deberá actuar de oficio en defensa de la legalidad y del interés público cuando concurran conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, humillación a las víctimas o actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como ante manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas, impulsando de manera inmediata las diligencias de investigación y el ejercicio de las acciones correspondientes”.
Respuesta frente a homenajes y 'kale borroka'
En la exposición de motivos, el PP argumenta que “la consolidación del Estado de Derecho y de la convivencia democrática requiere una respuesta firme frente a cualquier manifestación de apoyo o exaltación de personas condenadas por terrorismo, así como ante episodios de violencia callejera con finalidad terrorista, conocidos como 'kale borroka'”.
Los 'populares' subrayan que el Código Penal, en sus artículos 571 a 580 bis, ya contempla los delitos de terrorismo y que el artículo 578 castiga el enaltecimiento o la justificación públicos de estos delitos o de quienes hayan participado en ellos, además de los actos que supongan descrédito o humillación de las víctimas.
No obstante, advierten de que, en la práctica, cuando no se presenta denuncia o querella, estas conductas no siempre obtienen una respuesta institucional rápida, lo que, a su entender, abre “espacios de impunidad” que consideran incompatibles con la dignidad de las víctimas y la defensa de los valores democráticos.
La iniciativa del PP incorpora también una disposición adicional que obliga a que, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, el Consejo Fiscal apruebe una Circular con criterios homogéneos de actuación en estos casos. Dicha Circular deberá incluir protocolos de coordinación con las Fiscalías territoriales y con la Policía Judicial, así como un sistema estadístico de seguimiento.
Por último, los 'populares' prevén que queden derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan el contenido de la proposición de ley presentada.