El único procesado por el asesinato del canónigo de la catedral de València declaró este viernes que no cometió ni participó en el homicidio y solo admitió haber retirado efectivo con las tarjetas sustraídas del domicilio de la víctima. Asegura que esas tarjetas y el teléfono móvil del fallecido se los entregó aquella madrugada un conocido suyo, Manuel –no localizado por la Policía–, y que entonces ignoraba que el religioso hubiera fallecido. “Soy inocente en realidad”, afirmó al ejercer su derecho a la última palabra.
Con la intervención final del acusado y la lectura de los informes de la Fiscalía y de la defensa quedó visto para sentencia el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Valencia contra Miguel. El Ministerio Público reclama para él 28 años de prisión por el asesinato de Alfredo, el canónigo de la Catedral, de 79 años, ocurrido la noche del 21 de enero de 2024, que sitúa como un crimen cometido junto a otra persona aún sin identificar.
La Fiscalía también le atribuye un delito de robo con violencia de las tarjetas bancarias del sacerdote y otro de estafa continuada, mientras que la defensa solo acepta la estafa derivada del uso de las tarjetas y solicita un año de cárcel. El lunes está previsto que se entregue al jurado el objeto del veredicto para que inicie sus deliberaciones.
El acusado, en prisión preventiva desde los hechos, explicó que mintió cuando afirmó que no conocía a la víctima por “miedo y por vergüenza” y negó haber mantenido una relación sentimental con el canónigo: “De mí no consiguió lo que conseguía de otros chicos, con él nunca he tenido problemas, nunca me faltó al respeto ni me propuso nada extraño”. Diversos testigos han declarado que el canónigo recibía en su piso a jóvenes en situación vulnerable para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
Según su relato, conoció a Alfonso a finales de julio de 2023. Más adelante, en agosto, el religioso le escribió para invitarle a su apartamento de la playa de El Perelló, donde pasó la noche, y regresaron juntos a València sobre las 17.00 horas del día siguiente. Ha rechazado que el canónigo lo echara de la vivienda. También ha contado que el 13 de diciembre Alfonso le bloqueó el móvil, algo que le sorprendió y que justificaría las 15 llamadas posteriores, tras las cuales asegura que ya no volvieron a tener contacto.
Respecto a Manuel, el procesado sostiene que lo conoció en el campo en diciembre, cuando ambos trabajaban como temporeros. A preguntas del jurado, ofreció una descripción física y dijo que se comunicaban por Whatsapp. Según su versión, le habló de Alfonso y le comentó que era “una persona que le podía ayudar”.
Sobre el día del crimen, el domingo 21 de enero, indicó que se desplazó desde Torrent a València porque había quedado con Manuel, quien le había avisado de que el lunes habría trabajo en la recogida de naranjas. Asegura que bajó del metro hacia las 21.25 horas y caminó hasta la plaza de la Reina, donde se tumbó en un banco hasta que, en torno a las 4.00 horas, Manuel le llamó para citarle en un parque. Insiste en que en ningún momento se acercó al domicilio de Alfonso “para nada”.
El acusado relató que Manuel le entregó las tarjetas y el móvil desbloqueado de Alfonso y le dijo que estaba “dormido”, proponiéndole sacar dinero y repartírselo. “Está mal haber cogido las tarjetas, pero yo no sabía que estaba muerto, no habría ido al cajero ni hacer compras”, manifestó. Reconoció que llamó a Cajamar para averiguar el pin, que finalmente encontró en un papel con cuatro cifras guardado en un estuche del teléfono.
Asegura que no fue hasta que, entre los días 22 y 23, Manuel le dio por segunda vez dinero –unos 900 o 1.000 euros– cuando este le confesó que el canónigo había muerto y le advirtió de que no acudiera a la Policía o “tendría problemas”. Explicó que los mensajes que envió desde el móvil de la víctima al portero, en los que se comunicaba que se ausentaba el fin de semana, así como las respuestas a las felicitaciones por el día del santo del canónigo, los escribió para “ganar tiempo” y decidir qué hacer, y aseguró que tenía intención de entregarse. “Sí, porque no había hecho esa muerte y no iba a comerme algo que no he hecho”, subrayó.
Sobre su teléfono, Miguel afirmó que lo perdió a la salida de un pub la noche anterior a su detención y negó haber dicho a los agentes, cuando fue arrestado en un hostal de Abastos, que subió al domicilio del canónigo y vio el cadáver boca arriba en la cama, tal como declaró el inspector de Homicidios. Mantiene que la Policía “no investigó bien”, que accedieron a su habitación sin pedirle autorización para el registro y que el caso se “cerró en falso”. También afirmó desconocer cómo llegó Manuel a conocer a Alfonso, cómo entró en la vivienda y cuál fue la causa de la muerte. “Manuel no es amigo mío, solo lo conocía”, recalcó.
“Mentiras, casualidades y lagunas”
En su informe final, el fiscal explicó al jurado que no acusa a Miguel de ser el autor material del “brutal” asesinato, pero sostiene que “sí que sabía que lo iban a matar, estuvo allí y lo vio, aunque ahora diga que es mentira”. “Entre dos personas lo mataron, el otro no sé, pero Miguel había tenido con Alfonso algún problemilla, como reconoció sus asistente, se aprovechó de la situación y hemos cogido al menos hábil”, sostuvo.
El representante del Ministerio Público enumeró “las mentiras” y “contradicciones” en las que, a su juicio, incurre el procesado y recordó que no fue hasta su declaración de instrucción en abril de 2025, un año después de los hechos, cuando mencionó por primera vez a Manuel, y que este viernes es la primera ocasión en que asegura que tenía su número. Subrayó que, “casualmente”, el acusado afirma que perdió o le robaron el móvil, pese a que la última conexión registrada es a las 12.17 del día 24 en Pérez Galdós, dos horas antes de su detención, y cuando la Policía ya había acudido al hostal a las 11.00 horas. “Todas las pruebas exculpatorias han desparecido, entraño”, remarcó.
El fiscal admitió que se desconoce la hora exacta del asesinato ni cuánto tiempo permanecieron en la vivienda, pero indicó que a las 2.02 ya se había enviado desde el móvil de la víctima un correo solicitando la contraseña y que a las 4.44 se realizaron cinco llamadas al banco para pedirla. La primera gestión, precisó, se efectuó desde el domicilio del canónigo, ya que está acreditado que hasta las 3.21 el teléfono de Alfonso no abandona el piso y que sale junto con el del acusado. “No ha montado ni una sola versión coherente, no tenemos todas las piezas del puzzle pero sí las suficientes para ver la figurita”, concluyó.
Por el contrario, el letrado de la defensa alegó que la investigación presenta “lagunas evidentes” y que se ha intentado “encajar las piezas del puzzle a martillazos”. Señaló que no resulta lógico que Alfonso abriera la puerta a Miguel cuando lo tenía bloqueado en el móvil y cuando, al haber anulado el telefonillo, solo se podía acceder llamándole previamente.
“Cierre en falso”
El abogado criticó que la Policía no intentara localizar a Manuel, ni recuperar los mensajes de Whatsapp del acusado, ni analizar en detalle las llamadas que recibió la víctima el día del crimen, ni revisar todas las grabaciones de las cámaras de las calles cercanas. Recordó la existencia de siete huellas y dos perfiles genéticos desconocidos localizados en el piso del canónigo y cuestionó que el móvil de su cliente saliera junto al de la víctima, ya que, según dijo, no cambió de antena hasta las 4.05. Subrayó que no tiene sentido que Miguel conservara la principal prueba incriminatoria, el teléfono del canónigo, y en cambio se deshiciera del suyo, que podría exculparle. “La investigación se ha cerrado en falso, no interesa la verdad y nadie merece 28 años de cárcel por un caso con demasiados flecos”, remató.