El Tribunal Supremo ha fijado para este jueves una audiencia preliminar antes del juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, en la que escuchará las alegaciones de los tres procesados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Esta comparecencia previa está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Su artículo 785 establece que se “requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”.
En consecuencia, Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el 27 de noviembre, deberán presentarse físicamente en el Supremo y ser trasladados desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), aunque la intervención principal en la vista recaerá en sus letrados, que sostienen su inocencia y exigen su puesta en libertad.
Así lo ratificó el alto tribunal mediante una providencia en la que desestimó las peticiones del exministro y de su exasesor, quienes alegaron problemas de salud y solicitaron seguir la sesión por videoconferencia desde el centro penitenciario.
Audiencia preliminar y alcance de la vista
En esta fase previa, las partes “podrán exponer lo que estimen oportuno” antes de la apertura del juicio oral, de acuerdo con el citado precepto de la LECrim, que recoge cuestiones como “la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas”.
“Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa”, añade el mismo artículo.
Tras la celebración de la vista, el juez o tribunal “examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás”. Según la LECrim, lo hará “de forma oral”, salvo que, “por la complejidad de las cuestiones planteadas”, opte por resolver por escrito.
Penas solicitadas por Fiscalía y acusaciones populares
La Fiscalía interesa 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, en este último caso con una petición menor al haber reconocido los delitos que se le atribuyen. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, y para el empresario piden la misma condena que el Ministerio Público.