El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar este viernes una vista para analizar diversas solicitudes de paralización cautelar del real decreto que regula la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, mientras se resuelve el fondo del recurso.
La sesión, que en un principio estaba señalada para el 13 de mayo, fue pospuesta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo por "necesidades del servicio", de acuerdo con una providencia a la que tuvo acceso Europa Press.
Entre las partes personadas que reclaman la suspensión cautelar de la medida figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, que han presentado recursos contra el real decreto.
En representación del Ejecutivo acudirá la Abogacía del Estado, que defenderá que no se detenga la aplicación de la norma, al entender que ello implicaría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general", según expuso en un escrito de alegaciones remitido al alto tribunal.
Hazte Oír pidió al Supremo que acordara la suspensión cautelar del real decreto al considerar que rebasa el marco legal y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".
Por su parte, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advirtió de un "riesgo cierto de perjuicio irreparable" derivado de la iniciativa, por la "tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes", la "generación de situaciones jurídicas individualizadas" o la "concesión de autorizaciones de residencia y trabajo".
Vox denunció, en palabras de su dirigente Ignacio Garriga, que "lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y "un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".
Desde la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso fundamentó su recurso en que el decreto impacta "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios", además de "contravenir" la normativa europea y "afectar" a la seguridad.
El Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde en abril a esta regularización, de la que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación administrativa irregular, según indicaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ese mismo mes, el Tribunal Supremo reclamó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el "expediente administrativo" completo del real decreto de regularización para poder pronunciarse sobre las impugnaciones planteadas.