El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar este miércoles una vista en la que examinará varias peticiones para detener de forma cautelar el real decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha citado como partes recurrentes a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, que defenderán sus impugnaciones contra la medida, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
En representación del Ejecutivo acudirá la Abogacía del Estado. Durante la vista, las partes expondrán ante el tribunal sus argumentos a favor y en contra de suspender temporalmente la regularización de migrantes mientras se resuelve el asunto de fondo.
Hazte Oír pidió al alto tribunal la suspensión cautelar del real decreto al entender que rebasa el marco legal y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".
En la misma línea, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica apreció "riesgo cierto de perjuicio irreparable" derivado de la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, la "tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes", la "generación de situaciones jurídicas individualizadas" o la "concesión de autorizaciones de residencia y trabajo".
Vox criticó la norma y, en palabras de su dirigente Ignacio Garriga, denunció que "lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y "un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".
Desde el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso defendieron su recurso al considerar que la regularización "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios", además de "contravenir" la normativa comunitaria y "afectar" a la seguridad.
El Gobierno de Sánchez aprobó en abril el real decreto, del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación administrativa irregular, según indicaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ese mismo mes, el Supremo reclamó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el "expediente administrativo" completo del real decreto de regularización para poder analizar su contenido.