El Tribunal Supremo ha decidido de nuevo tumbar el último cálculo elaborado por el Gobierno sobre el rescate de una de las autopistas que quebraron durante la crisis financiera de 2008 y le insta a rehacer esas cuentas para abonar cuanto antes a las concesionarias el importe correspondiente a su construcción.
En particular, una sentencia de la Sala de lo Contencioso, fechada el 28 de enero de 2026 y consultada por Europa Press, deja sin efecto la última resolución del Ejecutivo sobre las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, en la que se fijaba una compensación de 570 millones de euros a la empresa concesionaria.
Se trataba del segundo cálculo realizado por el Gobierno, que ya incrementaba en 451 millones de euros la cifra anterior, tras aplicar varias sentencias previas del propio Supremo que habían invalidado la fórmula inicial utilizada por considerarla contraria a derecho.
No obstante, en esta ocasión el alto tribunal no entra a revisar el importe económico, sino que incide en la obligación de que el Gobierno apruebe ya una resolución definitiva y satisfaga íntegramente la deuda con la concesionaria, evitando así una nueva resolución que vuelva a ser provisional.
En 2019, el Ejecutivo dio luz verde a un plan para organizar el pago de las indemnizaciones a todas las concesionarias que terminaron en quiebra, después de que el Estado asumiera la gestión de sus autopistas y quedara obligado a devolver la inversión realizada por esas empresas. Ese esquema preveía una resolución inicial por cada concesión, una segunda resolución complementaria y una tercera y última resolución definitiva, con un plazo máximo habitual de seis meses entre cada una.
Pese a ello, de las nueve autopistas que entraron en insolvencia —gestionadas por ocho concesionarias distintas— solo una ha alcanzado ya esa fase de resolución definitiva desde que se puso en marcha el procedimiento hace casi siete años. Con esta nueva sentencia, y tras otras anteriores en las que ya anuló los cálculos, el Supremo pretende impedir que el proceso siga dilatándose.
La R-3 y la R-5 se integran en una única concesión adjudicada en 1999 a un consorcio formado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años; comenzaron a operar en 2004, pero en 2012 entraron en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit asumieron la deuda con la expectativa de cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.
Hasta ahora, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto para las arcas públicas un desembolso de 1.684 millones de euros, aunque se trata todavía de una cifra provisional, ya que la mayor parte de estas infraestructuras sigue en la fase de segunda resolución.
En concreto, por la R-4 se han abonado 134 millones de euros; por la A-36, 319 millones; por la A-41, 41 millones; por la AP-7 Cartagena-Vera, 278 millones; por la AP-7 Alicante, 307 millones; y por la M-12, 46 millones; mientras que, en el caso de la R-2, el coste provisional registrado es de cero euros.