El Tribunal Supremo ha remitido al Parlamento Europeo un suplicatorio para que se suspenda la inmunidad del eurodiputado Luis “Alvise” Pérez, con el fin de poder seguir adelante con la causa abierta a raíz de la querella presentada por dos eurodiputados que concurrieron en su misma lista de Se Acabó la Fiesta (SALF), por supuestos delitos de acoso y revelación de secretos.
La petición figura en un auto del magistrado de la Sala de lo Penal Manuel Marchena, al que ha tenido acceso Europa Press, y va dirigida a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Según expone Marchena, la investigación se centra en unas manifestaciones vertidas por “Alvise” en un ‘podcast’, en las que presuntamente habría instado a sus seguidores a hostigar a sus dos excompañeros de candidatura, Diego Solier y Nora Junco, acusándoles de haberse dejado sobornar en una votación relativa al rearme europeo.
“Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado”, dijo “Alvise”, según el auto.
Los dos eurodiputados que interpusieron la querella contra el líder de SALF le atribuyen igualmente la difusión de sus datos personales de contacto, lo que habría provocado “en un constante acoso de mensajes a través de las redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones”.
La inviolabilidad parlamentaria, fuera de juego
En su resolución, Marchena subraya que “Alvise” “no se ha limitado a emitir o expresar sus opiniones en un debate político en el que, por definición, los límites de la protección del honor y la imagen cederían frente a la libertad de expresión, como presupuesto inderogable para el eficaz ejercicio de la función parlamentaria”.
“Los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad”, añade el magistrado.
Recuerda además que la cobertura de la inmunidad parlamentaria se ve debilitada cuando los dos denunciantes, “también europarlamentarios y antiguos compañeros de lista electoral, se han visto obligados a variar sus rutinas, algunas de ellas concebidas precisamente para facilitar el contacto telemático con su electorado”.
El instructor adopta esta decisión después de que “Alvise” admitiera ante el juez la autoría de los mensajes, aunque rechazó que su intención fuera acosar a los querellantes, quienes por su parte ratificaron los hechos que consideran delictivos.
Este suplicatorio se convierte así en el tercero que el Supremo eleva a la Eurocámara en relación con las cinco causas que actualmente tiene abiertas contra el eurodiputado: por presunta financiación ilegal de SALF; por un supuesto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce; y por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.