El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha avalado la condena impuesta al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación administrativa, al haber contratado a un arquitecto municipal sin convocar ningún proceso selectivo.
La Sala de lo Penal del TSJC respalda así la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria, que igualmente absolvió al regidor regionalista por su intervención en otros cinco expedientes que también fueron objeto de denuncia y juicio, al considerar que en esos casos actuó “conforme a derecho o convencido de que cumplía la ley”.
La sentencia de apelación, de la que han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, confirma el criterio de la instancia en casi todos los puntos, salvo al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como simple, al estimar de forma parcial el recurso presentado por la defensa. No obstante, este cambio no altera en la práctica la pena, que se mantiene intacta al haberse fijado ya el mínimo previsto para este tipo delictivo. Además, la resolución no es todavía firme, puesto que cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En la vista oral, celebrada el pasado mes de diciembre por supuestos pagos irregulares efectuados en 2016 y 2017, Arco sostuvo que todas las decisiones adoptadas por él y su equipo en ese periodo en el Ayuntamiento fueron consensuadas y contaron con “asesoramiento legal” de la letrada contratada por el Consistorio. Atribuyó la denuncia formulada por el anterior alcalde, José Luis Blanco Fomperosa (PP), por los pagos cuestionados —apoyada en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal— a la “pésima” relación existente entre esta funcionaria y la abogada.
El alcalde del PRC se enfrentaba inicialmente a una petición de 15 años de inhabilitación formulada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, ejercida por el exregidor ‘popular’, a quien este ingeniero industrial, especialista en electricidad, desbancó de la Alcaldía en 2015 por un solo voto. Ambas acusaciones defendían la existencia de continuidad delictiva, pero finalmente solo resultó condenado por uno de los seis hechos analizados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
En concreto, se le condena por la contratación de un arquitecto municipal sin tramitar expediente alguno ni convocar proceso selectivo, y “a pesar de que había concluido el contrato menor en virtud del cual había sido contratado” el año anterior. El tribunal entiende que se apoyó en acuerdos adoptados “anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento”, es decir, “con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado”.
Por el contrario, fue declarado no culpable en relación con otros cinco expedientes, al apreciar los magistrados que en esos casos recibió asesoramiento jurídico y que unas veces actuó ajustándose a la normativa y otras lo hizo convencido de que estaba respetando la legalidad vigente.
Reacciones políticas y exigencias de dimisión
Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial, el PRC expresó su respaldo a Joaquín Arco y adelantó que no le reclamará responsabilidades políticas mientras la resolución no adquiera firmeza, al entender que actuó siguiendo las indicaciones de la letrada municipal.
Por su parte, el PP de Cantabria sostuvo que el alcalde regionalista solo dispone de dos opciones: presentar su dimisión o que la Corporación municipal “fuerce su cese, poniendo en marcha el procedimiento para su inmediata sustitución”.
En esta línea, la acusación particular ha reclamado la inhabilitación sobrevenida del regidor de Ribamontán al Monte y ha advertido de que, si el Ayuntamiento no adopta medidas para resolver la situación, acudirá a la Junta Electoral Central para plantear una reclamación: “No puede seguir siendo alcalde”.