El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido incoar diligencias tras aceptar a trámite un recurso presentado por el PSOE-M contra la autorización del centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Así se recoge en un decreto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda la admisión de la impugnación frente a una resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, lo que supone la apertura formal del procedimiento. En el mismo escrito, la Sala ordena a la Consejería remitir el expediente administrativo en un plazo improrrogable de veinte días.
El recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por dos diputados autonómicos socialistas que, además, forman parte del ICAM. Con anterioridad, el PSOE ya había presentado un recurso de reposición ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid contra la creación de este centro.
Los socialistas sostenían entonces que se habían infringido el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales, al haberse habilitado el propio Colegio para ofrecer titulaciones oficiales en los nuevos estatutos aprobados el pasado mes de julio, cuando estos solo pueden “impartir formación de posgrado, no grados universitarios”.
Un proyecto pionero y las dudas planteadas por el PSOE
ICAM Universidad se constituyó oficialmente el 14 de noviembre, tras publicarse en el Boletín Oficial la aprobación de su creación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en el primer centro universitario impulsado por un Colegio Profesional en España.
En su recurso, los socialistas subrayaban la “cuanto menos sospechosa coincidencia temporal” entre la aprobación definitiva de este centro y “el papel del ICAM como acusación particular” en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este procedimiento concluyó con sentencia condenatoria e inhabilitación.
Paralelamente, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) anunció en diciembre su intención de recurrir la creación del centro universitario del ICAM, advirtiendo de que es “un error dar ese paso”.
En respuesta a las críticas, el ICAM defendió en un comunicado difundido en diciembre que el proyecto universitario del Colegio es anterior en el tiempo al asunto relativo a la denuncia contra el Fiscal General del Estado, a la denuncia por revelación de secretos y al juicio ante el Tribunal Supremo, situando el inicio de la iniciativa en 2022.
Del mismo modo, el Colegio de Abogados incidía en que la autorización de la adscripción se ha obtenido tras una tramitación prolongada (2023-2025), con “sucesivos informes de órganos académicos, técnicos y de calidad, siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente previsto y aún pendiente de la futura autorización de inicio de actividades y de nuevas evaluaciones externas”.
“El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de 'pago de servicios' en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”, concluía la nota.