El próximo 10 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Madrid ha citado a un acto de conciliación entre Víctor de Aldama, figura central del ‘caso Koldo’, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, tras la demanda presentada por Aldama. Este reclama una compensación de 250.000 euros y una retractación pública por haber sido calificado de «presunto delincuente» y por las afirmaciones de Montero sobre su posible regreso a prisión.
Según informaciones de ‘ABC’ y confirmaciones de fuentes legales a Europa Press, la demanda se interpuso en mayo. De Aldama ha advertido que si no se alcanza un acuerdo en la conciliación, procederá a querellarse contra Montero por «la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad».
En su reclamación, De Aldama critica las declaraciones de Montero hechas en el programa ‘Lo de Évole’ el 16 de marzo, donde lo acusó de delincuente, aunque añadiendo irónicamente la palabra «presunto» y expresó su convicción de que él «va a volver a la cárcel», en un contexto judicial donde su ministerio es parte interesada.
De Aldama argumenta que estas declaraciones son un claro incumplimiento de los deberes institucionales y una violación de su derecho a la presunción de inocencia, llevando a la opinión pública a formar un prejuicio de culpabilidad contra él. Su abogado, José Antonio Choclán, invoca una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que protege el honor y la reputación de personas en su situación cuando los poderes públicos infringen este principio.