El fiscal de la dana pide que declaren dos consellers del Gobierno de Pérez Llorca

El Ministerio Público considera “pertinentes y útiles” las declaraciones de José Antonio Rovira y Miguel Barrachina para esclarecer qué información manejaba el Consell el día de la tragedia que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.

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El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca | Europa Press

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La investigación judicial sobre la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 continúa avanzando. El fiscal del caso ha solicitado que declaren como testigos dos miembros del actual Gobierno valenciano presidido por Juan Francisco Pérez Llorca.

Se trata de José Antonio Rovira, que ocupaba esa misma cartera durante la etapa de Carlos Mazón, y de Miguel Barrachina.

El fiscal avala la petición de Compromís

La solicitud coincide con el recurso presentado por Compromís, que ejerce la acusación popular en el procedimiento.

El fiscal Cristóbal Melgarejo considera que las testificales de ambos consellers serían “pertinentes y útiles” para determinar qué información tenían los entonces responsables de Emergencias sobre la evolución del temporal.

Qué quiere aclarar la investigación

El objetivo es conocer qué sabían la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa.

La investigación también pretende esclarecer si Pradas dio instrucciones verbales a otros consellers cuyas competencias estaban relacionadas con la gestión de la emergencia.

Uno de los puntos clave de la causa es la información que manejaba el Consell a las 13:45 horas del día de la dana, cuando ya existían alertas hidrográficas y señales de riesgo grave en zonas como Utiel-Requena.

El procedimiento busca determinar quién trasladó esa información al entonces president, Carlos Mazón, y qué decisiones se adoptaron en las horas previas al desastre.

Una tragedia con 230 víctimas mortales

La dana del 29 de octubre de 2024 provocó la muerte de 230 personas, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España.

La investigación judicial trata de depurar posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia y en la respuesta institucional.

El fiscal recuerda que la instructora ya acordó anteriormente la declaración como testigo de Ruth Merino.

Ahora, el Ministerio Público considera que las comparecencias de Rovira y Barrachina pueden aportar información relevante para reconstruir qué sabía el Ejecutivo valenciano y cómo actuó en las horas decisivas antes de la tragedia.