La Fiscalía ha solicitado que se investigue como imputado a un exalto cargo del Consell de Carlos Mazón por la filtración del audio de una conversación relacionada con la DANA que acabó siendo difundido públicamente en medio de la controversia política por la gestión del temporal en la Comunitat Valenciana.
La petición del Ministerio Público se dirige contra Ricardo García, ex subsecretario de Justicia del Gobierno valenciano, en el marco de una investigación centrada en aclarar cómo salió ese material del circuito institucional y cuál fue el recorrido que siguió hasta su difusión pública.
El movimiento de la Fiscalía abre una nueva derivada judicial vinculada a la gestión del episodio meteorológico, aunque distinta del procedimiento principal que analiza posibles responsabilidades por la actuación institucional durante la emergencia.
La investigación se centra en la salida del audio
El asunto gira en torno a la difusión de un audio correspondiente a una conversación entre responsables de emergencias y organismos meteorológicos durante el episodio de la DANA.
La investigación busca esclarecer quién tuvo acceso a ese material, cómo abandonó el ámbito institucional y en qué circunstancias terminó siendo utilizado públicamente en un contexto de fuerte confrontación política.
La petición de la Fiscalía implica solicitar que el exalto cargo declare en calidad de investigado, una figura procesal que permite garantizar el derecho de defensa dentro de la instrucción cuando existen indicios que justifican profundizar en el análisis de unos hechos concretos.
Una causa separada del foco sobre Mazón
Este nuevo frente judicial no equivale a una imputación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ni forma parte exactamente del mismo eje procesal centrado en la gestión política general de la DANA.
Lo que ahora examina la Fiscalía es específicamente la eventual filtración de un documento de carácter interno relacionado con la gestión de emergencias.
La gestión del temporal ha provocado durante meses una fuerte presión política y judicial sobre el Ejecutivo valenciano, con peticiones de explicaciones por la respuesta institucional durante la crisis.
Ahora, el foco se desplaza a una pieza concreta: el origen de una filtración que añade una nueva dimensión judicial a una crisis que sigue teniendo recorrido político y legal.