QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía Provincial de Sevilla ha decidido archivar la denuncia interpuesta por la Asociación Amama respecto a la “supuesta desaparición” de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), al verificar la integridad de los registros. La Sección de Criminalidad Informática ha determinado que no se cometieron delitos de descubrimiento de secretos ni daños informáticos después de realizar una “auditoría técnica”. Los problemas para visualizar pruebas en ClicSalud+ se atribuyeron a “una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que hubiera borrado ni alteración de los historiales clínicos”, según indicó la Junta de Andalucía.
En un comunicado, la Fiscalía informó que las investigaciones, que comenzaron en octubre del año pasado tras las denuncias de Amama Sevilla y la Asociación El Defensor del Paciente, se cerraron sin hallar pruebas de “borrado intencionado o acceso ilícito” a las bases de datos del SAS. Los informes técnicos del SAS y las investigaciones de la Unidad de Policía Judicial confirmaron que no hubo “ni saturación del sistema, ni manipulación interna ni sabotaje externo”. La caída en la prestación de servicios experimentada fue debido a una “avalancha de peticiones”, lo que impactó únicamente en la visualización, manteniendo la integridad y autenticidad de los registros clínicos.
Las revisiones de los archivos de las pacientes que presentaron la denuncia verificaron que “no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos”. La seguridad de los registros “demuestra” que la información conserva su “integridad y es congruente con los protocolos asistenciales”. En cuanto a la queja particular de una paciente sobre la “supuesta eliminación” de un estudio mamográfico y la cancelación de una ecografía, las indagaciones técnicas han excluido cualquier tipo de manipulación. Los ajustes en la programación de las pruebas se realizaron según “criterios de gestión clínica y no por una intervención externa o malintencionada”, indica el comunicado judicial.
Al no encontrarse indicios de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos ni de daños informáticos, el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha decidido no continuar con las acciones legales. Sin embargo, la Fiscalía aclara que “este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que los afectados puedan expresar sus discrepancias sobre demoras o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la autoridad competente o mediante los procedimientos administrativos disponibles”.
