El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha defendido que el Tribunal Supremo le impuso una condena sin “carga probatoria” en su contra y ha relatado que se sintió “maltratado” y “señalado” durante la vista oral por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y por el jefe de Gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez.
“Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido en el juicio”, ha asegurado García Ortiz en el programa ‘Lo de Évole’ de ‘La Sexta’, en la que ha sido su primera entrevista tras la sentencia dictada el pasado mes de noviembre.
El antiguo fiscal general ha admitido que el fallo le resultó “duro” y una “sorpresa”, ya que estaba persuadido de que sería absuelto. Ha insistido, además, en que no fue el responsable de la filtración de los correos cruzados entre la defensa de González Amador y un fiscal sobre el presunto delito fiscal atribuido al novio de Ayuso.
Al relatar el desarrollo del juicio, ha confesado que le resultó especialmente “doloroso” escuchar la declaración de González Amador. “Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones. Me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia”, ha indicado, aludiendo igualmente a la intervención de Rodríguez. “Fueron dos momentos difíciles en el juicio”, ha añadido.
En este contexto, García Ortiz ha reivindicado que cualquier ciudadano que “se somete a los tribunales tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se señale de esa manera flagrante a su persona”.
Condena e inhabilitación
El ex fiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.
En abril, García Ortiz acudió al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la nulidad de la resolución del Supremo, alegando que en su actuación “existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella”.
Paralelamente, la Fiscalía también ha impugnado la sentencia ante el TC, al entender que se vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y poder rebatirla, así como el principio de legalidad penal.