El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que el Tribunal Supremo (TS) le impuso una condena sin “carga probatoria” en su contra y ha relatado que se sintió “maltratado” y “señalado” durante la vista oral por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y por el jefe de Gabinete de ésta, Miguel Ángel Rodríguez.
“Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido en el juicio”, ha explicado García Ortiz en el programa ‘Lo de Évole’, de ‘La Sexta’, en la primera entrevista que concede desde que fue condenado el pasado mes de noviembre.
El antiguo fiscal general ha admitido que el fallo le resultó “duro” y una “sorpresa”, ya que daba por hecho que sería absuelto. Ha reiterado que no fue el responsable del origen de la filtración de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y un fiscal, relativos al presunto delito contra la Hacienda pública atribuido al novio de Ayuso.
También ha reconocido que le resultó “doloroso” escuchar la declaración de González Amador en la sala. “Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones. Me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia”, ha relatado, señalando igualmente a Rodríguez. “Fueron dos momentos difíciles en el juicio”, ha apuntado.
En este sentido, García Ortiz ha recalcado que cualquier ciudadano que “se somete a los tribunales tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se señale de esa manera flagrante a su persona”.
Sobre Miguel Ángel Rodríguez, que meses antes del juicio comentó ante los medios que el entonces fiscal general del Estado iba “pa'lante”, García Ortiz ha indicado que desconoce si “sus pronósticos aciertan siempre”, pero considera que “hay un intento claro de intoxicación y de calumnia” contra la Fiscalía General. Ha recalcado que no va a pronunciarse “a su actividad de naturaleza política”, aunque ha matizado: “No la banalizo”.
“Dolor personal e institucional” por las palabras del magistrado
El ex fiscal general ha relatado igualmente el “dolor personal e institucional” que le provocó un comentario del presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, durante una jornada pública en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
“Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal”, dijo Arrieta para cerrar su intervención, lo que generó risas y aplausos entre los asistentes, según un audio difundido. Aunque García Ortiz ha evitado “criticar” esas palabras o “ponerlas en otro contexto”, ha subrayado el “profundo dolor” que le causaron.
Ha recordado además los 20 días que transcurrieron hasta conocer el contenido íntegro de la resolución. “Y mientras tanto, todo el país hacía una elucubración política, jurídica, personal, de cuáles habían sido no solo las razones, sino también los hechos por los que yo había sido condenado”, ha señalado. “Es complicado de gestionar también en la cabeza de uno”, ha añadido.
Para García Ortiz también fue “doloroso” el testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo que advirtió de que los ‘emails’ sobre González Amador se iban a “filtrar” y que, al preguntar directamente al jefe del Ministerio Público si él había sido el autor, éste le respondió que eso no importaba. Según su versión, la contestación evasiva le resultó sospechosa.
“Que de una imaginación de lo que yo he hecho o haya podido hacer se saque una inferencia me parece doloroso, por qué lo voy a negar”, ha indicado el ex fiscal general.
Ha rehusado, no obstante, pronunciarse sobre su relación personal o profesional con Lastra: “Ella ha dicho eso en sede judicial y es responsable de lo que haya dicho. Y mis desavenencias de la señora Lastra conmigo o yo con ella, deben quedar ahí”.
Sus palabras se producen pocos días después de que su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, haya planteado al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid, en sustitución de Almudena Lastra.
Evita hablar de “golpe de Estado” y critica el desequilibrio de poder
Cuestionado sobre si su caso podría calificarse como un “golpe de Estado”, Álvaro García Ortiz ha admitido que lo ha oído “alguna vez”, pero ha insistido en que no puede “etiquetar ni poner ningún adjetivo” a una instrucción judicial que, en su opinión, “no debía haberse producido”.
“Yo creo que eso corresponde a otros ámbitos. No estoy de acuerdo con que eso ocurra. Le corresponde a otros hacer cualquier clasificación”, ha reiterado.
En otro momento de la conversación, ha señalado que el poder de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que fue la encargada de juzgarle, es “casi de control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.
A su entender, la Sala Segunda es un órgano “importantísimo” en el que aprecia “un desequilibrio de poder”. Pese a ello, ha asegurado que no cuestiona “a ninguno de los magistrados del Supremo”.
El respaldo de Sánchez y la polémica sobre la Fiscalía
En relación con el presidente del Gobierno, ha admitido que el respaldo que recibió de Pedro Sánchez pudo haberle perjudicado de alguna manera, si bien considera que lo verdaderamente “sorprendente” habría sido que el jefe del Ejecutivo declarase que era culpable.
Ha confesado además que le persiguen las palabras de Sánchez asegurando que la Fiscalía General “depende del Gobierno”.
“Yo creo que esa frase me va a perseguir no solo a mí, sino a todos los fiscales de este país durante mucho tiempo”, ha remarcado García Ortiz, que sostiene que esas declaraciones “no se corresponde con lo que dice la ley”.
En este contexto, ha explicado que, si hubiera dimitido antes del juicio, podría haber “originado un problema político” al presidente, al que, a su juicio, habrían acabado reclamando también la dimisión.
La condena y el recurso ante el Tribunal Constitucional
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, a una multa de 7.200 euros y al pago de 10.000 euros en concepto de indemnización a González Amador por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador punto.
En abril, el ex fiscal general presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso para que se anule la sentencia dictada por el Supremo, alegando que en su actuación “existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella”.
La propia Fiscalía ha recurrido igualmente el fallo ante el TC, al considerar que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y a defenderse de ella, así como el principio de legalidad penal.