Jueces interinos tildan de inadmisible la oferta de 500 plazas al obviarse su precariedad

La APJI critica la macroconvocatoria de 500 plazas de juez y acusa al Gobierno de perpetuar la precariedad y la discriminación de la judicatura interina.

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Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España).  Eduardo Parra - Europa Press

Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

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La Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) ha denunciado que “resulta inadmisible” que, tras el anuncio de una “macroconvocatoria” de 500 plazas para juez por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso, “vuelva a ignorar su grave situación de precariedad”.

En un comunicado, la asociación recalca que el colectivo de jueces sustitutos “carece de estabilidad laboral, reconocimiento de antigüedad, trienios, alta continuada en la Seguridad Social y derechos básicos”.

“Esta omisión perpetúa una grave injusticia social y supone un menoscabo de los derechos fundamentales de quienes han demostrado durante décadas su mérito, capacidad y compromiso con la justicia”, han añadido desde la APJI, subrayando el impacto de esta situación en la carrera profesional de estos profesionales.

Asimismo, la organización rechaza “las manifestaciones injustas y parciales de algunos medios y foros” que presentan la justicia interina como una vía de “acceso por la puerta de atrás” o “cuestionando su capacidad e imparcialidad”. En su opinión, “estas afirmaciones desprecian la realidad de un sistema basado en baremos objetivos y evaluación continua”.

También remarcan que “la judicatura interina no debe nada a ningún partido político ni a ningún Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), puesto que gobiernos de distinto signo han mantenido durante décadas esta discriminación estructural sin ofrecer soluciones, sin que tampoco el CGPJ haya hecho nada para proteger a sus trabajadores cuya situación vulnera claramente los principios de legalidad y estabilidad”.

Un proyecto que la APJI considera insuficiente

Bolaños anunció el 19 de junio un proceso de regularización “extraordinario” con 1.004 plazas —673 para jueces y 331 para fiscales sustitutos— mediante concurso-oposición, que se activará cuando se apruebe el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal.

La APJI reconoce que el proyecto de ley orgánica para la estabilización de jueces y fiscales sustitutos es “pionero en su enfoque”, pero lo califica de “claramente insuficiente”. A su juicio, “no transforma las relaciones abusivas en estables, permite la participación de terceros ajenos al perjuicio sufrido y no reconoce derechos laborales básicos”.

Los jueces sustitutos sostienen que la estabilidad “no debilita la independencia judicial, sino que la refuerza”, y por ello reclaman “una solución específica y proporcionada” a su problemática.

En particular, exigen la adopción “inmediata de medidas” que garanticen el reconocimiento de antigüedad, el abono de trienios y la alta continuada en la Seguridad Social; el “cumplimiento” del Derecho europeo sobre abuso en la temporalidad, y “la eliminación de los discursos estigmatizantes”.

Respuesta de Bolaños en el Congreso

La diputada de ERC Pilar Vallugera interpeló este miércoles al ministro en el Congreso sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos anunciado en junio, recordando que “es una cuestión que compete al Ministerio” y reclamando que, “por favor, estabilicen ya”.

Bolaños respondió de forma escueta y dio por cerrada la cuestión en apenas unos segundos: “Estamos estabilizando. Muchas gracias”.

Según la APJI, esta declaración “ignora las denuncias y la realidad de profesionales con décadas de servicio”, y supone “no solo un incumplimiento de las promesas formuladas y de sus propias obligaciones, sino también una preocupante muestra de falta de sensibilidad institucional ante la precariedad que afecta al funcionamiento diario de los juzgados”.