El Consejo General de la Abogacía Española ha lanzado una advertencia sobre la publicidad engañosa, los fraudes y el intrusismo profesional que se están detectando en plataformas digitales de servicios legales, donde se difunden “promesas imposibles de cumplir” y que “se aprovechan de las personas más vulnerables”.
En una nota de prensa, la Abogacía ha explicado que muchas de estas campañas se basan en “mensajes alarmistas que apelan a la urgencia o a la desesperación económica y buscan captar a personas en situación de vulnerabilidad”.
Los integrantes del grupo de trabajo para la protección profesional de la Abogacía han señalado “la otra cara” de estas plataformas, que recurren al “miedo como herramienta publicitaria”, son “cada vez más frecuentes” y representan “algo más que simple publicidad agresiva: posibles fraudes, prácticas engañosas o incluso intrusismo profesional”.
En particular, han destacado los mensajes dirigidos a personas “endeudadas que buscan acogerse a la segunda oportunidad”, a quienes sufren desahucios “a quienes prometen erróneamente solucionar toda su situación” y a quienes afrontan divorcios, donde “captan clientes” con la idea de un trámite 'exprés' y “falsas garantías de rapidez o éxito”.
Prohibición de prometer resultados y riesgos de intrusismo
Según la Abogacía Española, “la promoción de servicios debería centrarse en ofrecer información objetiva y veraz, sin recurrir a la manipulación emocional”.
El Consejo insiste, además, en el problema del intrusismo y recalca que, “en muchos casos, quienes ofrecen estos servicios no son abogados colegiados, sino 'asesores' que operan más allá de lo permitido por la ley”.
En esta línea, Jesús Pellón, miembro del grupo de trabajo, ha subrayado: “Nunca he dicho a un cliente este caso lo vamos a ganar seguro. Garantizar el resultado no es una buena práctica profesional”, recordando que el Código Deontológico exige que la relación entre abogado y cliente se base en la confianza y en no aprovecharse de situaciones de especial vulnerabilidad.
Pellón ha añadido que el propio Código Deontológico impide utilizar a los clientes con fines publicitarios o asegurar resultados que no pueden garantizarse, puesto que “no toda deuda puede ser exonerada”.
Honorarios opacos y amenazas para derechos fundamentales
La Abogacía denuncia también que algunas de estas plataformas “utilizan datos falsos, legislación derogada o promesas imposibles de cumplir” y aplican “honorarios poco transparentes o desproporcionados que denigran la profesión de la abogacía”.
“Las 'trampas' de internet no solo afectan al bolsillo, sino también a derechos fundamentales”, ha avisado la institución, resaltando los “riesgos reales” asociados “al uso de los algoritmos para perfilar a los usuarios, la exposición a ciberataques o el acceso indebido a datos personales”.
Ante este tipo de fraudes, la Abogacía aconseja “acudir a un abogado”, recordando que el ejercicio profesional “está sujeto a garantías como la formación continua, la responsabilidad profesional y el cumplimiento de un estricto código deontológico”, además de recomendar comprobar en el censo oficial que se trata de un profesional colegiado.
“En un entorno donde las soluciones rápidas y los mensajes atractivos abundan, la prudencia sigue siendo la mejor defensa”, ha concluido la Abogacía.