El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha asistido en Viena a la 54ª Conferencia Europea de Presidentes de Consejos de la Abogacía (EPK), celebrada a continuación de la reunión del Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE). En ambas citas se han fijado las principales líneas estratégicas que orientarán la actuación de la abogacía europea de cara a 2026, según ha indicado la Abogacía Española en un comunicado.
“Estamos abordando temas fundamentales que nos permitirán seguir avanzando en la mejora del ejercicio y de los derechos de los abogados en Europa, claves para la Abogacía Española”, ha señalado.
La reunión del Comité Permanente del CCBE tuvo lugar el jueves y ha sido la primera en la que participa como vicepresidenta segunda de la organización la abogada española Noemí Alarcón, que inició su mandato el pasado 1 de enero. Alarcón forma parte de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de Abogacía Española.
En este encuentro se dio luz verde a la propuesta impulsada por Alarcón, con el respaldo de Abogacía Española, para que el CCBE actúe como 'amicus curiae' ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Ursa REGVAR contra Eslovenia. El caso se centra en una nueva norma que obliga a los letrados que representan a refugiados a trasladar a las autoridades estatales información relevante sobre sus clientes.
Alarcón recalcó que para el CCBE esta medida supone “una violación del secreto profesional del abogado y de la confidencialidad de la comunicación entre el cliente y el abogado”, y expresó la “preocupación de que esta legislación se replique en otros países”.
La cuestión del secreto profesional también se trató en relación con la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal y la aplicación de la DAC6. En su aportación a la consulta pública, el CCBE reclamó que se imponga a los Estados miembros la obligación de contemplar una exención respecto al deber de comunicar información protegida por el secreto profesional.
Otro de los asuntos analizados fue la movilidad de los abogados dentro de la Unión Europea y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de letrados procedentes de terceros Estados. En la respuesta a la consulta sobre la Iniciativa para la Transferibilidad de las Competencias, que contó con el apoyo de la delegación española, se destacó que el marco europeo vigente ya ofrece seguridad jurídica en estas materias, por lo que el CCBE considera que no es preciso introducir modificaciones.
La representación española respaldó igualmente la posición del CCBE en la consulta de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre el borrador de un eventual convenio relativo a procedimientos paralelos y acciones conexas con jurisdicciones de fuera de la UE.
Durante su estancia en Viena, el presidente de Abogacía Española tiene previsto mantener una reunión bilateral con la Law Society y otra con las presidencias de las abogacías de Portugal, Italia y Francia, en la que también participará Alarcón.
Ciberdelincuencia, seguridad y libertades en la sociedad digital
En un contexto de fuerte incremento de la ciberdelincuencia, del fraude digital y de las denominadas amenazas híbridas, “el debate sobre el equilibrio entre libertad y seguridad adquiere una renovada urgencia”, ha señalado la Abogacía.
En este marco, los presidentes de los consejos de la abogacía europeos han analizado el binomio libertad-seguridad y el impacto de la delincuencia moderna sobre el Estado de derecho.
La Abogacía Española ha subrayado que, ante este escenario, la profesión jurídica desempeña “un papel insustituible como garante del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales”.
“Corresponde a los profesionales del Derecho velar por que las políticas de seguridad se articulen dentro de límites jurídicos claros, con control judicial efectivo y respeto estricto a la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso”, ha destacado el presidente de la Abogacía Española.
En el marco de la conferencia, los presidentes escucharon también la intervención de Julian Siegl, jefe de unidad en la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea.
De acuerdo con la Abogacía Española, “la respuesta de los Estados ha implicado un progresivo refuerzo de los instrumentos de control, supervisión y recopilación de datos, incluyendo el uso de tecnologías biométricas y sistemas avanzados de identificación, incluso respecto de menores”.
Estos debates se están desarrollando igualmente en el marco del diálogo permanente entre las instituciones de la abogacía europea y los órganos de la Unión Europea.