El Consejo General de la Abogacía Española se ha adherido a un escrito de amicus curiae presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Distrito de Columbia, en el marco de un procedimiento que examina las medidas adoptadas por la Administración estadounidense contra cuatro firmas de abogados.
El documento repasa las decisiones tomadas en 2025 frente a varios despachos que actuaban en representación de opositores políticos del entonces presidente Donald Trump. “Estos despachos fueron objeto de órdenes ejecutivas restrictivas, como la pérdida de acceso a agencias federales, la retirada de habilitaciones de seguridad y la obligación de rescindir contratos con entidades vinculadas a dichos bufetes”, dice el texto.
El escrito detalla que parte de los despachos implicados alcanzaron acuerdos con el Ejecutivo estadounidense para levantar las sanciones, asumiendo a cambio compromisos de prestación de servicios pro bono. No obstante, bufetes como WilmerHale, Perkins Coie, Jenner & Block y Susman Godfrey decidieron recurrir estas medidas ante la Justicia federal.
En los distintos procesos, “en sus respectivos procedimientos, los tribunales federales han declarado inconstitucionales estas restricciones, al considerar que ejercían una presión indebida sobre el ejercicio profesional de la abogacía”, afirma el documento, que añade que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha impugnado dichos fallos y que el asunto está ahora a la espera de resolución en el Tribunal de Apelaciones.
Un pilar esencial para el Estado de derecho
El escrito remarca que “la independencia de la abogacía es un pilar esencial del derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el Estado de derecho” y recalca que “los abogados deben poder ejercer con plena libertad, sin injerencias ni represalias por los casos o posiciones jurídicas que asumen”.
En la misma línea, alerta de que estas actuaciones pueden poner en riesgo de forma grave la autonomía profesional de los letrados y “dificultar el acceso de la ciudadanía a una defensa letrada efectiva”.
Las organizaciones que suscriben el documento recuerdan igualmente que “la experiencia internacional muestra que el debilitamiento de la abogacía independiente suele ir acompañado de un deterioro más amplio del sistema de contrapesos institucionales y de la independencia judicial”.
El texto indica que Paul Clement, Procurador General de los Estados Unidos durante la Administración de George W. Bush, intervendrá en representación de los cuatro despachos afectados.
Esta iniciativa se integra en el respaldo de la Abogacía Europea a la American Bar Association (ABA) y a sus principios en materia de independencia judicial, separación de poderes, derecho de defensa y libre ejercicio de la abogacía sin presiones externas.
Compromiso con la defensa del Estado de derecho
La Abogacía Española ha reiterado este compromiso a través de diversas actuaciones recientes, entre ellas varias declaraciones institucionales de 2025 en apoyo del Estado de derecho, de la independencia de los jueces y de la protección de los derechos fundamentales.
De acuerdo con la Abogacía, esta postura es coherente con el Convenio para la Protección de la Abogacía del Consejo de Europa, que refuerza las garantías para el ejercicio libre de la profesión. La institución insiste en que la salvaguarda de quienes asumen el derecho de defensa constituye un elemento básico e irrenunciable de cualquier sistema democrático.