El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado que la asistencia jurídica a personas extranjeras sea asumida por profesionales con especialización en esta área del Derecho.
En una carta dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, González traslada la necesidad de que la defensa de los ciudadanos extranjeros quede reservada a abogados expertos en la materia, como vía para asegurar “la mejor defensa posible”.
Tal y como precisa la Abogacía en un comunicado, esta petición se enmarca en el debate sobre la modificación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, relativa a los derechos y libertades de los extranjeros en España y a su integración social.
“Cuando una persona extranjera se enfrenta a un procedimiento tan importante como la denegación de una autorización no está ante un mero trámite burocrático, sino ante decisiones que afectan directamente a su proyecto de vida, a su familia y a sus derechos fundamentales”, ha asegurado González, añadiendo que “en esos momentos críticos la defensa no puede improvisarse: debe estar en manos de abogados especializados en extranjería”.
El Consejo General ha remarcado que la Abogacía dispone de un nutrido colectivo especializado en extranjería y protección internacional, con programas de formación continua, así como comisiones y subcomisiones que dan soporte a los letrados y mantienen una interlocución constante con las administraciones para agilizar y mejorar la tramitación de expedientes. Igualmente, todos los Colegios de la Abogacía prestan servicios de asistencia jurídica gratuita.
Asimismo, el presidente de la Abogacía Española ha subrayado que los abogados son “los profesionales más preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes”.
En esta línea, los representantes de la profesión consideran esencial que todas las personas jurídicas inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE) designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, en cumplimiento de las exigencias fijadas en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.
Del mismo modo, se ha instado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a fijar criterios y condiciones precisas para la inscripción en el RECE, con el objetivo de reforzar la calidad de la asistencia jurídica a los extranjeros y garantizar la protección efectiva de sus derechos.