El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable de la investigación del denominado 'caso Plus Ultra', ha ordenado inmovilizar hasta un máximo de 490.780 euros en diversas cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que se le atribuye el papel de supuesto cabecilla de una presunta red de tráfico de influencias.
Según ha adelantado “El Mundo” y han ratificado a Europa Press fuentes jurídicas, dicha cantidad se corresponde con los pagos que Zapatero habría percibido de Análisis Relevante, una sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez —amigo del exmandatario y también investigado— e incluida entre las mercantiles señaladas por los investigadores.
Las mismas fuentes precisan que el juez instructor ha ordenado igualmente el bloqueo de los saldos de otras sociedades y empresas que figuran como investigadas dentro de esta causa.
En el auto en el que cita a Zapatero a comparecer el próximo 2 de junio en calidad de investigado, Calama sostenía que, a partir del análisis financiero practicado, el exlíder socialista y su entorno serían “los beneficiarios finales de la operativa”, al haberse identificado “transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos”.
El instructor detallaba igualmente que “la sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)”, vinculada a sus hijas.
Calama concluye que las diligencias practicadas han permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
El objetivo de esa supuesta red sería “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
De acuerdo con el juez instructor, para ello se habrían empleado sociedades instrumentales, documentación simulada y circuitos financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
El auto subraya además que la influencia investigada no se habría orientado a un trato genérico o a una expectativa vaga, sino a lograr una decisión administrativa específica: la aprobación y posterior desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.