La Audiencia Nacional reanudará este lunes el juicio por la “operación Kitchen”, el supuesto dispositivo parapolicial impulsado desde la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. Esta nueva fase de la vista oral arrancará con las primeras declaraciones de testigos, entre ellos el exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, varios mandos policiales como el comisario Enrique Barón y distintos agentes del cuerpo.
Según el calendario de sesiones, Cosidó, que estuvo al frente de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, comparecerá como testigo el martes en la sede de la Audiencia Nacional situada en la calle Génova de Madrid. Ese mismo día están citados también Barón, exresponsable de la Comisaría General de Información, y Mariano Hervás, que fue número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Entre el lunes y el miércoles deberán acudir a declarar más de una decena de agentes, mientras que el jueves se escuchará al director de la prisión de Soto del Real (Madrid) —donde estuvo interno Bárcenas—, a un exdirector de ese mismo centro penitenciario, a dos notarios y a dos periodistas, entre otros testigos previstos.
En la primera semana de juicio —en la que figuran como acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino— las defensas solicitaron sin éxito la suspensión de la vista al denunciar supuestas irregularidades en la fase de instrucción.
Las defensas reclamaron igualmente la nulidad de varias pruebas consideradas esenciales en el procedimiento, en particular una serie de grabaciones intervenidas a Villarejo que habrían originado la investigación judicial de los hechos.
Petición de nuevas imputaciones y testigos
Paralelamente, el PSOE, personado como acusación popular, pidió que se suspendiera el juicio y se retrotrajeran las actuaciones con el fin de volver a imputar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, quienes acudirán finalmente en calidad de testigos.
Todas estas solicitudes, planteadas durante los dos primeros días de la vista oral y enmarcadas en el trámite de cuestiones previas, fueron rechazadas por el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios. El órgano sí aceptó, a instancias de la defensa de Villarejo, que declarase como testigo el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el “caso Leire Díez”.
Pérez Dolset, que incorporó a la causa tres audios con conversaciones de Villarejo, deberá explicar ante el tribunal cómo obtuvo esos archivos y en qué contexto se produjeron.
El juicio, en el que se prevé la comparecencia de cerca de 150 testigos, se prolongará previsiblemente hasta el 30 de junio. Las sesiones se irán alternando entre las sedes de la Audiencia Nacional en Madrid capital y en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, donde se celebró la primera semana de la vista.
Las penas que reclama la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz una condena de 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.
La misma pena de 15 años de cárcel reclama para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; para Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y para Andrés Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, Anticorrupción interesa una condena de 19 años de prisión, mientras que para el exagente Ríos pide 12 años y cinco meses de cárcel y que se declare la nulidad de su nombramiento como funcionario policial.
En cuanto al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía en el periodo en el que presuntamente se desarrolló el operativo de espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público reclama una pena de dos años y medio de prisión.
También figuran como acusados los inspectores de Policía José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, si bien la Fiscalía solicitó el archivo de la causa respecto de los tres al considerar que no existen indicios suficientes en su contra.