La Audiencia Nacional ha señalado el 19 de octubre como fecha de inicio del juicio contra la compañía asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, a quienes se atribuyen presuntos sobornos vinculados a la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ha reservado los días 19, 20, 21 y 22 de octubre para la vista oral. Las sesiones comenzarán a las 10.00 horas y se desarrollarán en la sede del tribunal situada en la calle García Gutiérrez.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción interesa para el expresidente de Duro Felguera una pena de 9 años y 6 meses de prisión y una multa de 160.000.000 euros, al considerarle responsable de un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El Ministerio Público reclama, además, que la sociedad sea sancionada con una multa de 160.000.000 euros y con la inhabilitación durante dos años para acceder a subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Para Nervis Villalobos, la acusación pública solicita 8 años y 9 meses de cárcel y una multa de 3.600.000 euros por tres delitos continuados de falsedad de documento mercantil y otro de blanqueo de capitales. Por estos mismos delitos, Anticorrupción pide para Javier Alvarado una condena de 3 meses de prisión y una multa de 1.625.000 euros.
En el banquillo también se sentarán las esposas de los ex viceministros venezolanos, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, así como el ex consejero delegado de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle.
La "gran crisis energética" y el proyecto Termocentro
En julio de 2023, el juez instructor Ismael Moreno acordó procesar a 12 personas y cuatro sociedades. Respecto a esa docena de investigados, el magistrado atribuía presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos iniciados en 2009, cuando hubo "una gran crisis energética en Venezuela" que desembocó en restricciones y en la declaración de "emergencia eléctrica".
El juez describía que, "como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica 'Planta El Sitio', en Santa Lucía (estado de Miranda)" con la finalidad de abastecer a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
"Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera" y "ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación", señalaba el auto.
Moreno explicaba que, para levantar la central, Duro Felguera actuó a través de la UTE Termocentro, que suscribió "una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".
En concreto, el instructor detallaba que se abonaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos mediante "sociedades interpuestas" con el propósito de que "éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil".
El magistrado concluía que ese "trato de favor" obtenido mediante presuntos sobornos fue lo que permitió a Duro Felguera hacerse con el contrato del proyecto Termocentro, presupuestado en 1.500 millones de dólares.