La Audiencia Nacional (AN) ha solicitado formalmente a Naciones Unidas que le informe sobre si ha puesto en marcha alguna pesquisa acerca del asalto a un convoy y la presunta detención ilegal por parte de Israel de un sargento español integrado en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Antonio Piña adopta esta decisión tras recabar previamente el criterio de la Fiscalía sobre si la AN debe asumir la investigación dirigida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios mandos militares del país.
Así, y “antes de decidir sobre la competencia de este órgano judicial”, el juez ordena librar “comunicación por conducto” del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes “con el órgano competente de la Secretaría General de las Naciones Unidas”.
El objetivo es que la ONU aclare si los hechos denunciados “fueron formalmente puestos en su conocimiento en el marco de la misión” internacional y si “fueron trasladados a las autoridades del Estado de Israel correspondientes”.
Del mismo modo, el instructor pretende verificar si Israel ha abierto algún procedimiento de investigación o si, en su defecto, se ha activado alguno de los mecanismos internos de Naciones Unidas “con base en la dependencia orgánica y funcional del contingente desplazado”.
La denuncia de Iustitia Europa
El incidente se remonta al 7 de abril, cuando un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano, que transportaba alimentos y otros suministros al contingente indonesio, fue interceptado por Israel, que retuvo durante “menos de una hora” a un militar español.
A raíz de ello, la asociación Iustitia Europa presentó una denuncia contra Netanyahu y la cúpula militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) por supuestos crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra un sargento español desplegado en una misión de paz de la ONU.
Según la denuncia, “las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza” y “el sargento del Ejército de Tierra español fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo”, describiendo el episodio como un “acto absolutamente hostil con violencia física”.
El escrito califica lo sucedido como “detención ilegal en toda regla” y “trato degradante proscrito por el Derecho Internacional, ejecutado con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”, y subraya además que “no es un episodio aislado dentro del teatro de operaciones, sino parte de un escenario más amplio de riesgo estructural para las fuerzas internacionales de paz”.
El sargento fue finalmente puesto en libertad después de que España trasladase “su protesta más enérgica” tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, tal y como explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En una nota de prensa difundida este martes, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha celebrado que “la justicia española ha dado un paso valiente y necesario”, al considerar que “no se puede tolerar que militares que arriesgan su vida bajo bandera de la ONU para mantener la paz, sean agredidos, humillados y detenidos con total impunidad”.
“No seremos partícipes del silencio ante crímenes que atentan no solo contra un soldado español, sino contra la legalidad internacional. Llegaremos hasta el final para que los responsables, sin importar su cargo, rindan cuentas ante los tribunales”, indica.