La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, junto con otros veinte Estados miembros, por no haber notificado aún la transposición íntegra de la directiva comunitaria relativa a los contratos de servicios financieros celebrados a distancia.
El expediente arranca con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, el primer paso formal en este tipo de procedimientos, y a partir de ahora España cuenta con un plazo de dos meses para contestar y comunicar a Bruselas las medidas puestas en marcha para aplicar de forma completa la normativa.
La directiva, aprobada en 2023, fija un conjunto de reglas destinadas a reforzar la protección de los consumidores cuando contratan servicios financieros sin presencia física, por ejemplo por teléfono o a través de internet.
Entre las principales novedades, figura la introducción de un “botón de desistimiento”, que permitirá a los consumidores rescindir un contrato de manera sencilla e inmediata, reforzando así el ejercicio de este derecho.
Los Estados miembros disponían hasta el 19 de diciembre de 2025 para incorporar la directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales, pero hasta el momento España no ha informado a la Comisión de la transposición completa del texto.
Si la contestación de las autoridades españolas no fuera considerada suficiente, Bruselas podría pasar a la siguiente fase del procedimiento con la emisión de un dictamen motivado que, en última instancia, podría acabar siendo remitido al Tribunal de Justicia de la UE.