La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, ha prestado declaración este martes en calidad de investigada ante el tribunal de instancia, sección de instrucción, plaza 3 de la ciudad, por el accidente mortal registrado en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá, en la atracción conocida como Saltamontes, en la que perdió la vida un joven.
A la salida del juzgado, la responsable municipal ha atendido a los medios, subrayando que está ofreciendo toda su “colaboración personal y como representante del Ayuntamiento” para “esclarecer” lo sucedido. “He contestado o dado las oportunas aclaraciones a lo preguntado por la jueza y por la Fiscalía”, ha manifestado.
Rodríguez ha asegurado igualmente que “seguirá colaborando” en el procedimiento judicial con el fin de “esclarecer los hechos de este lamentable suceso”, aunque ha evitado concretar el contenido de sus respuestas ante la instructora.
Preguntada por las dudas de la jueza acerca de si la Policía Local recibió órdenes de precintar la atracción, al carecer de autorización municipal, la concejal se ha limitado a reiterar que ha respondido a todas las cuestiones planteadas y que ha “atendido a todos los requerimientos desde el principio”.
“Lo que sí que solicito ahora es respeto por el trabajo del tribunal y del ministerio fiscal, que son los que tendrán que resolver cómo se ha producido esto y llegar a esas conclusiones”, ha concluido.
SIN “EXPLICACIONES CLARAS”
Uno de los letrados de la acusación, que representa a la que era pareja del fallecido, Francisco Méndez Senlle, ha reprochado que la edil no respondiera ni a sus preguntas ni a las del abogado de la familia de la víctima.
Además, ha censurado que Patricia Rodríguez no haya ofrecido “explicaciones claras” sobre por qué el Ayuntamiento no actuó para impedir la puesta en marcha del Saltamontes, pese a existir una resolución que no permitía iniciar la actividad de la atracción.
Según ha detallado, tanto la concejal como el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M. (que también ha declarado este martes como investigado), fueron interrogados acerca de si ordenaron a la Policía Local precintar el aparato. “No lo aclararon, dijeron simplemente que se le había comunicado (la falta de autorización) a la Policía Local y punto”, ha señalado Méndez Senlle.
Al no haberse despejado “por qué no se actuó” tras las declaraciones de esta jornada, el abogado ha avanzado que pedirán que comparezcan los mandos de la Policía Local. “Les preguntaremos por qué no hicieron nada para impedir que funcionara la atracción”, ha añadido.
En esta sesión han declarado como investigados Patricia Rodríguez y Antonio V.M., mientras que una tercera persona citada, Antonio L.A. (perito encargado de la inspección anual del aparato), no acudió finalmente por enfermedad. Además de estos tres investigados, en la causa figuran también el propietario del Saltamontes, G.M.M.D.S., la Comisión de Fiestas y su presidente, C.G.M.
ACCIDENTE MORTAL Y ACTUACIÓN MUNICIPAL
El siniestro tuvo lugar en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del Saltamontes se partió y un hombre de 36 años, Iván C.H., salió despedido y sufrió heridas que acabaron costándole la vida.
Tras el accidente, el juzgado abrió diligencias y citó como investigados al dueño de la atracción y al presidente de la comisión de fiestas. El primero compareció ante la jueza en abril de 2025 y se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el segundo defendió su inocencia y solicitó el sobreseimiento respecto a su persona.
A lo largo de los meses, la instructora ha reclamado distintos informes y documentación. Entre otras cuestiones, ha pedido al Ayuntamiento que aclare si adoptó alguna medida para impedir el montaje del Saltamontes, dada la ausencia de autorización municipal, o si inició un expediente sancionador.
También requirió al consistorio que detallase si se ordenó a la Policía Local precintar la atracción, que informase sobre la inexistencia de un plan municipal de inspección de atracciones y que explicase las razones por las que se vetó la instalación de este tipo de aparatos en las fiestas del verano de 2025.
Tres días después del trágico suceso, el gobierno municipal de Vigo difundió un comunicado en el que confirmaba que no se había autorizado el funcionamiento del Saltamontes por falta de documentación y que esa circunstancia se había notificado tanto al propietario como a la comisión de fiestas.
CRÍTICAS POLÍTICAS Y PETICIÓN DE CESES
Tras trascender que Patricia Rodríguez y el jefe de Seguridad del Ayuntamiento figuran como investigados en la causa, los grupos de la oposición, PP y BNG, reclamaron sus dimisiones y la puesta en marcha de una comisión de investigación.
Este mismo martes, la concejal y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha declarado que es “inaceptable” que la responsable de Seguridad haya acudido a declarar como investigada “sin haber sido cesada” por el alcalde. “Es del todo inasumible que la señora Rodríguez siga siendo a día de hoy la máxima responsable de un departamento que esta siendo cuestionado en los tribunales por su negligente actuación en este trágico suceso, y por tanto no puede permanecer en su puesto ni un minuto más”, ha sostenido.
Por ello, ha reiterado su exigencia de que sea apartada del cargo y ha advertido a Abel Caballero de que “no puede esconderse y no dar la cara ante algo tan grave”.