La exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante por el PP, Rocío Gómez, adjudicataria de una vivienda de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de la Playa de San Juan, levantado sobre un solar de titularidad municipal, ha sostenido ante la jueza que instruye la causa que no tiene recuerdo de encuentros con el promotor, administrador único de Fraorgi, gestora de la cooperativa.
Así lo ha expuesto este miércoles durante su declaración como investigada, en la que igualmente ha señalado que ignora si sus suegros figuran empadronados en el complejo residencial, según fuentes conocedoras de su testimonio. En sede judicial, ha relatado que conoció la existencia de la promoción a través de su marido y que ambos se inscribieron en la cooperativa en diciembre de 2021. También ha indicado que tampoco recuerda que el promotor solicitara cambios en el contrato.
Asimismo, ha rechazado mantener vínculo alguno con los hijos de la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, igualmente investigada y cuyos dos hijos y un sobrino resultaron adjudicatarios de VPP. Tanto Pérez-Hickman como Gómez presentaron su dimisión de los cargos que ocupaban tras hacerse pública la controversia por estas adjudicaciones.
Declaración del arquitecto municipal
En paralelo, ha prestado declaración como investigado un arquitecto municipal beneficiario de una VPP, quien ha remarcado que no utilizó su condición de empleado público para acceder a la compra de la vivienda y ha explicado que, a comienzos de 2022 y antes de obtener la plaza como funcionario de carrera, un compañero de piso le habló de esta promoción.
Este técnico ha detallado que acudió a la oficina de la promotora, donde facilitó sus datos personales. También ha manifestado que el promotor, quien según su versión le explicó el funcionamiento de la cooperativa, se puso en contacto con él en enero de 2025 para comunicarle que se había producido una vacante y que ya podía comenzar a aportar dinero.
Igualmente ha declarado como imputado el promotor, representante de Fraorgi, que ha indicado que cuando se reunió por primera vez con el arquitecto investigado no recordó que tiempo atrás este le había solicitado información y su inclusión en la cooperativa.
Además, ha relatado que mantuvo una reunión con el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, y con la edil para reclamar la devolución de cantidades abonadas de más por el solar por parte de la promotora o, en su defecto, que se les compensara con otra parcela, sin obtener respuesta.
También ha explicado que el listado de integrantes de la cooperativa lo elaboró a partir de listados de otras promociones suyas. Del mismo modo, ha asegurado que no mantiene relación con Pérez-Hickman.
Testimonios de funcionarios municipales
Los primeros en comparecer ante la magistrada han sido tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante citados como testigos que no acudieron a la anterior vista y que fueron nuevamente llamados y notificados a través de la Policía.
Una de estas testigos ha sido la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, que ha confirmado ante la jueza que la cooperativa de Les Naus presentó su oferta al procedimiento de enajenación de la parcela un día después de la publicación de los pliegos.
Según trasladó el consistorio cuando estalló la polémica por estas VPP, esta técnica advirtió el 15 de enero de este año a la concejala del área, la 'popular' Nayma Beldjilali, sobre posibles incompatibilidades de personal municipal en relación con las adjudicaciones, y que la edil, ante este escenario, le solicitó un informe.
En esta línea, la funcionaria ha indicado que no recuerda el motivo por el que en el dictamen definitivo se excluyeron nombres que sí figuraban en borradores anteriores.
Ha añadido que el 15 de enero tuvo conocimiento de quiénes eran los adjudicatarios, después de que desde la gestora de la cooperativa se remitiera el listado, documento que, en principio, resultaba imprescindible para cerrar el expediente de enajenación.
Asimismo, ha manifestado que, de haber sabido que el arquitecto municipal investigado se había incorporado a la cooperativa de las VPP, no habría permitido su intervención en el procedimiento como empleado del consistorio.
Otro técnico de Patrimonio ha declarado como testigo que el promotor, en diversas reuniones, aseguró que había pagado un precio elevado por el solar y reclamaba una compensación económica o la adjudicación de otra parcela. También ha señalado que el arquitecto municipal investigado nunca le comunicó que estaba inscrito en la cooperativa de Les Naus.
El tercer testigo, arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras, ha explicado que en las reuniones que mantuvo con el arquitecto municipal investigado y con la exconcejala encausada ninguno de ellos le habló de su participación en la cooperativa.
Este funcionario ha añadido que el arquitecto investigado le comentó que se ofreció al área de Patrimonio para supervisar la obra y ha indicado que esta persona ya acudía a las reuniones con un documento en el que se recogían modificaciones del contrato y las justificaciones aportadas por la constructora.