La Fiscalía prevé que la mayor parte de los perjudicados por el 'caso Cocoon', la macroestafa inmobiliaria en la que una red se apropió de más de un centenar de inmuebles, pueda finalmente volver a ser propietaria de sus viviendas.
El Ministerio Público formulará esta petición el lunes en la vista oral, que prosigue ahora en su fase civil, y en la que también reclamará que los procesados indemnicen a los afectados con el valor de mercado actual en aquellos supuestos en los que no sea posible restituir el inmueble porque haya sido adquirido por un tercero de buena fe.
En esta línea, la Fiscalía se suma a las solicitudes de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las compañías aseguradoras las que asuman el pago de estas indemnizaciones.
Las personas estafadas no podrán recuperar sus propiedades ni percibir las cantidades fijadas hasta que exista una sentencia firme. Solo entonces el tribunal remitirá la resolución al Registro de la Propiedad para que proceda a la anulación de las escrituras públicas fraudulentas.
El acuerdo de conformidad alcanzado este lunes respecto a la parte penal del procedimiento permitirá agilizar los trámites, aunque el cobro de las indemnizaciones se prevé más rápido que la devolución efectiva de los inmuebles, ya que será necesario cursar el correspondiente mandato al Registro de la Propiedad.
El papel del notario en la trama
Entre los 14 acusados del 'caso Cocoon', las dos figuras centrales son un abogado y un notario, que han aceptado penas de hasta 4 años y 7 meses de prisión.
El letrado Francisco Comitre ha asumido una condena de 4 años y 7 meses de cárcel, la más alta impuesta, por un delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Por su parte, el notario Enrique Peña ha aceptado 3 años y 2 meses de prisión (1 año y 9 meses por estafa agravada y 1 año y 5 meses por blanqueo), además de la inhabilitación definitiva para ejercer como notario.
En su caso no se le integra en el grupo criminal, ya que lo que se le imputa con relevancia penal no es un beneficio económico, sino “un incumplimiento ciertamente intenso” de sus obligaciones profesionales, que facilitó que la organización pudiera llevar a cabo las estafas, según sostiene la Fiscalía.
El Ministerio Público aprecia que la conducta de Peña excedió la mera imprudencia, al entender que era consciente de que estaba desatendiendo su deber de comprobar las operaciones que autorizaba para impedir la comisión de delitos y que, además, actuó de esta forma de manera reiterada y masiva.